De los 12 jueces nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, 11 se excusaron de entender en una causa que desde fines del 2003 y a través de una acción de amparo procura la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los diputados nacionales.

La acción presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fue radicada en el juzgado número 10 a cargo de la Dra. Liliana Heiland, que no quiso entender en la causa por razones de delicadeza y decoro.

Los titulares de los juzgados N° 1, Dr. Ernesto Marinell; N°3, Dra. Claudia Rodríguez Vidal; N° 2, Dr. Sergio Fernández; N° 5, Dra. Susana Córdoba; N° 12, Dr. Guillermo Rossi; ex juez del N° 4 y actual Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Osvaldo Guglielmino; N° 8, Dra. Clara Do Pico; N° 9, Dra. Emilia García; N° 7, Dra. María Carrión de Lorenzo; y N° 11, Dra. María José Sarmiento, también se excusaron e invocaron la misma causa.

El juez Martín Silva Garretón, a cargo del Juzgado N° 6, consideró que no le alcanzaron aquellas razones porque dio cumplimiento a lo dispuesto por la ley de ética pública (25.188) de presentar la declaración jurada que da cuenta de la situación de magistrados y funcionarios por la Acordada de la CSJN 1/2000 y Resolución CSJN 67/2000.

Silva Garretón explicó en consecuencia que “no advierto motivo para excusarme de entender en estos obrados por cuanto no tengo interés personal en el pleito”.

La ley de ética de la función pública establece que todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años y también a presentar una última declaración pasados los 30 días en que una persona se alejó de la función pública. Por esta ley cualquier ciudadano tiene el derecho de consultar y obtener copia de dichas declaraciones.

El coordinador del Área Jurídica y de Litigio de Interés Público de ADC, Hernán Gullco, manifestó que “existe un conflicto de intereses” y que si un juez considera que no tiene obligación de publicar sus declaraciones juradas, “puede considerar que afecta su independencia. Nosotros no creemos que sea el caso”.

“Es muy complicado resolver si fue correcto o no lo que hizo el juez al decir que había razones de delicadeza y decoro que le impedían resolver la cuestión, pero evidentemente hay una suerte de problemas, hay magistrados que tienen cuestionamientos respecto de la aplicación de esta ley sobre ellos”, agregó.

La medida pretendida por ADC es una acción “típicamente de interés público”, explicó Gullco y “es un tema central para la transparencia del sistema republicano de gobierno que los ciudadanos tengan acceso a las declaraciones juradas”.

Fuente.www.infobae.com.ar