El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) emitió un pronunciamiento relevante para el sistema de riesgos del trabajo, estableciendo que la actualización de los créditos laborales debe realizarse exclusivamente mediante el índice RIPTE. De esta manera, dejó sin efecto el fallo de Cámara que había combinado distintos mecanismos de actualización, generando montos desproporcionados.

En el expediente “Valdez, Carlos Alberto c/ ASOCIART S.A. ART s/ accidente”, con los votos de Inés Weimberg de Roca, Marcela de Langhe y Santiago Otamendi —y una disidencia—, el Tribunal confirmó que el RIPTE (indicador que refleja la evolución salarial) resulta aplicable para causas anteriores a 2019. Así, desestimó la aplicación conjunta de fórmulas o el uso del IPC del INDEC, que en este caso había producido cifras alejadas de la realidad.

Este criterio no es aislado: el TSJ ya había sentado posición similar en el precedente “Boulanger c/ Provincia ART Seguros”, consolidando una línea jurisprudencial más estable y previsible.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había utilizado IPC + 3% anual, fórmula que generaba un monto final excesivo. Frente a esa decisión, y ante el recurso presentado por la ART, el TSJ corrigió la sentencia y ordenó aplicar únicamente el RIPTE, obteniendo una indemnización más razonable y proporcional.

En cuanto a daños y perjuicios por fuera de la relación laboral, el Tribunal también resolvió que los intereses debían calcularse sobre la base de un porcentaje razonable, descartando el uso automático de la tasa activa del Banco Nación, y manteniendo el 8% fijado en primera instancia.

Estas resoluciones se alinean con el criterio reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que —por vía de la doctrina de arbitrariedad— viene dejando sin efecto sentencias cuyas actualizaciones producen resultados irrazonables o claramente desmedidos, ordenando su adecuación bajo parámetros de lógica, equidad y coherencia con los hechos del caso.

Ambos fallos se oponen a la postura sostenida por sectores de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que venían combinando distintos índices y aplicando el IPC, generando cuantías mucho más elevadas que las que surgen de la evolución real de los salarios —reflejados por el RIPTE—.

En el caso “Valdez”, el trabajador —maquinista en Gráfica Cortiñas— reclamó por lumbalgia, discopatías, várices y tendinitis, atribuidas a su actividad. Aunque sus impugnaciones sobre incapacidad fueron rechazadas, la Cámara aplicó un sistema de actualización que terminó rompiendo cualquier proporción respecto de los valores originales y de las pericias de primera instancia.

La corrección introducida por el TSJ implicó reducciones relevantes en varios tramos del cómputo, recortando montos que resultaban claramente inverosímiles.

Aun así, el panorama sigue mostrando inestabilidad: persisten resoluciones donde reclamos de despido por cinco años de antigüedad —que deberían representar alrededor de veinte salarios— terminan condenándose por valores que superan ampliamente los cien salarios al aplicar índices distorsionados.

Por eso, la unificación de criterios y la adopción de parámetros de actualización previsibles se vuelven indispensables. El sector empresarial reclama reglas claras para tomar decisiones laborales, y la volatilidad judicial en materia de indemnizaciones genera temor, reticencia a contratar y búsqueda de alternativas automatizadas o tercerizadas.

Argentina atraviesa un momento de redefinición institucional, donde establecer normas estables y coherentes es esencial. Avanzar hacia resoluciones razonables, equilibradas y acordes al principio de justicia es clave para reconstruir la confianza y generar condiciones de crecimiento sostenido.

Conclusión — AbogadosRosario.com

En un contexto de decisiones judiciales cambiantes y criterios de actualización contradictorios, este fallo del TSJ marca un paso importante hacia la previsibilidad. En AbogadosRosario.com, seguimos de cerca estas tendencias jurisprudenciales para ofrecer a trabajadores, empleadores y estudios jurídicos información clara, actualizada y confiable.
Nuestro objetivo es acompañar cada caso con una mirada técnica, seria y basada en criterios de equidad y razonabilidad.

Informarse bien es el primer paso para defender mejor tus derechos.

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