La reciente modificación de la Ley de Glaciares volvió a encender un fuerte debate jurídico, ambiental y político en todo el país. Organizaciones ambientalistas, juristas y especialistas en derecho constitucional anunciaron la preparación de una demanda colectiva para solicitar la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso, al considerar que debilita la protección de una de las principales reservas estratégicas de agua dulce de la Argentina.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial el pasado 8 de abril de 2026, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y ahora enfrenta un fuerte rechazo social y judicial.
La normativa original, sancionada en 2010, protegía de manera amplia a los glaciares y al ambiente periglacial, prohibiendo actividades como la exploración minera, la explotación hidrocarburífera, la instalación de industrias contaminantes y cualquier intervención que pudiera alterar estos ecosistemas esenciales para la provisión de agua potable, la biodiversidad y la regulación climática.
Qué cambia con la reforma
Uno de los puntos más cuestionados de la nueva ley es que limita la protección únicamente a aquellas zonas que acrediten una “función hídrica relevante y comprobable”, dejando afuera amplias áreas que antes se encontraban resguardadas bajo el principio precautorio.
Además, se redefine el concepto de ambiente periglacial, reduciendo el alcance territorial protegido y otorgando mayor poder a las provincias para decidir qué zonas conservar y cuáles podrán habilitarse para actividades productivas como la minería.
Para los defensores de la reforma, esto busca dar mayor claridad normativa, fortalecer el federalismo y permitir un desarrollo productivo compatible con la protección ambiental. Sin embargo, para sus críticos, representa una regresión ambiental inconstitucional.
La base jurídica del reclamo
Fundaciones como FARN, Greenpeace Argentina y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostienen que la reforma viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
Este principio impide que el Estado reduzca el nivel de protección ambiental ya alcanzado, salvo razones excepcionales debidamente justificadas.
También advierten una posible vulneración del artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar la protección del ambiente y establece los presupuestos mínimos de preservación ambiental.
Según las organizaciones impulsoras, más de 900.000 personas ya adhirieron a la demanda colectiva que será presentada en las próximas semanas, lo que podría transformarla en una de las acciones judiciales ambientales más grandes de la historia argentina.
La provincia de La Pampa también judicializó la norma
El conflicto no quedó solo en las organizaciones civiles. La provincia de La Pampa presentó un amparo judicial solicitando la suspensión de la aplicación de la nueva ley, argumentando que la reforma pone en riesgo el acceso al agua y afecta derechos ambientales de carácter interjurisdiccional.
El planteo suma aún más presión sobre una norma que ya nace envuelta en una fuerte controversia institucional.
Un debate que recién comienza
La discusión sobre la Ley de Glaciares excede el plano técnico. Se trata de definir si el desarrollo económico puede avanzar sobre reservas naturales estratégicas o si el acceso al agua debe seguir siendo una prioridad constitucional intocable.
La Justicia tendrá ahora la última palabra sobre una reforma que ya divide al país entre quienes la consideran una modernización necesaria y quienes la califican como uno de los mayores retrocesos ambientales de los últimos años.
En un contexto de crisis climática global, la pregunta ya no parece ser solamente jurídica, sino profundamente social: ¿hasta dónde puede flexibilizarse la protección ambiental sin comprometer el futuro?