Libertad en puerta. “Si no hay extradición, no hay arresto”, dijo el juez Canicoba Corral.
“El tratado con el Reino de España es claro: si no hay extradición, no hay arresto”, confirmó ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Cerca de una treintena de represores, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz y el general retirado Antonio Bussi, intendente electo de Tucumán, saldrán en libertad en pocas horas más, a lo sumo el martes, luego que el gobierno español afirmara, por boca de su vicepresidente primero y portavoz, Mariano Rajoy, que Madrid desistió de solicitar a Buenos Aires la extradición de militares, miembros de las fuerzas de seguridad y un civil que estaban detenidos a pedido del juez Baltasar Garzón por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Con el título: “Acuerdo de no tramitación de solicitud de extradición activa de Omar Graffigna y treinta y nueve reclamados”, el Consejo de Ministros español acordó “no continuar los procedimientos de extradición activa propuestos”, fundamentando lo resuelto en que la Argentina “se encuentra en condiciones de iniciar la fase Judicial que permita en su territorio el enjuiciamiento” de las personas reclamadas. Mientras la decisión causó “decepción” en organizaciones de derechos humanos locales, el gobierno nacional la tomó con asepsia, pese a que otra vez los tiempos fueron alterados desde el exterior. “Ahora le toca a la Corte Suprema decidir sobre los procesos”, dijo desde la Patagonia el presidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que ahora el escenario de batalla será el territorio nacional –en definitiva el gobierno lo quería así, pero discutiblemente de esta manera– y es prácticamente imposible, como lo graficó Canicoba Corral, que se pueda cumplir con un pedido extra de España: que los represores sigan presos hasta que sean juzgados en la Argentina por los delitos que se los acusaba en España.
Cuando la semana pasada el Congreso nacional anuló las leyes de punto final y de obediencia debida, el juez Garzón había considerado como “una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable” que el gobierno de su país no pidiera las extradiciones. Precisamente lo que temía el magistrado español es lo que ocurrió ayer por la mañana, y los acusados por éste de los delitos de “terrorismo y genocidio” y “torturas” saldrán todos en libertad quedando detenidos los que afrontan prisión preventiva por otras causas tramitadas en forma paralela en el país, como el robo de bebés.
Según consignó la agencia española EFE, el vicepresidente primero de España dijo: “Cuando se cometen determinados delitos en un país y “es posible que se juzguen allí, debe hacerse en ese país, porque eso es el principio de territorialidad”. A párrafo seguido afirma que la Argentina “se encuentra en condiciones de iniciar la fase judicial que permita en su territorio el enjuiciamiento de los hechos que motivan las solicitudes de extradición”. La resolución del gobierno español también cita el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre España y Argentina rubricado en marzo de 1987 que se refiere a “la preferencia de la jurisdicción del Estado en el que se han cometido los hechos por sus propios nacionales, cuando éste cuenta con los instrumentos necesarios para proceder al enjuiciamiento de los hechos”. En rigor, las leyes de impunidad que tendieron un cerco protector sobre centenares de represores de la última dictadura a finales de la década de 1980 fueron derogadas por el Congreso en 1998 –significa que no tienen vigencia hacia adelante– y semanas atrás fueron anuladas, con lo cual dejan de tener vigencia hacia atrás. Pero esto último está en discusión, sobre todo por parte de los abogados de los ex represores.
Todos los ojos en los jueces locales
Fardo para los jueces. La decisión del gobierno de España de no avanzar en la tramitación de los pedidos de extradiciones solicitados por el juez Baltasar Garzón dejó en manos de la Justicia argentina la decisión de reiniciar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, proceso que en rigor ya había comenzado y que ahora, con una alteración de los tiempos, puede acelerarse. Son varios hasta ahora los jueces federales que habían avanzado en ese sentido: en concreto las leyes de punto final y de obediencia debida fueron declaradas “inconstitucionales” y “nulas” por parte de magistrados de Capital Federal, Santa Fe, Chaco y Salta, decisión ratificada en segunda instancia por fallos de Cámara Federal de Apelaciones en la ciudad de Buenos Aires y en Salta. Por ello hace más de un año –mucho antes que la reciente anulación parlamentaria– que el tema está a consideración de la Corte Suprema de Justicia, que para expedirse sobre el tema espera que se complete la vacante dejada por Julio Nazareno al renunciar, cosa que ocurriría no antes de mediados de noviembre. Pero hasta que el máximo tribunal resuelva, nada impide que los juicios interrumpidos en 1987 y 1988 vuelvan a comenzar, y los represores vuelvan a desfilar por tribunales quedando entre rejas. Y ése es el ánimo de la Cámara Federal porteña, que cuando barrió con las leyes de impunidad concluyó que anularlas no era una decisión sino “una obligación”.
Parece difícil que la Corte Suprema falle en sentido contrario a las instancias inferiores –ya no iría contra un juez sino cinco, a los que se suman dos Cámaras– y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por tratados internacionales rubricados por la Argentina le es propia. La incógnita sería entonces qué pasará entre el lunes o martes, cuando los represores detenidos solamente por pedido de España recuperen la libertad y noviembre, cuando el pleno del Senado tratará el pliego de Eugenio Zaffaroni para la Corte.
“Son los tribunales argentinos los que tienen la palabra ahora. Creo que los organismos de derechos humanos se van a presentar ante la Justicia a pedir la reapertura de las causas”, consideró el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, quien en 1985 integró el tribunal que llevó adelante el juicio a las juntas militares de la última dictadura.
En rigor, los jueces que anularon las leyes de impunidad mantienen en prisión a varios torturadores, como el caso de los ex miembros de la Policía Bonaerense Julio Simón –alias Turco Julián– y Miguel Àngel del Cerro –alias Colores–. Pero las anulaciones fueron hechas para casos específicos y no para todos los acusados por secuestros, torturas y desaparición forzosa de personas.
Hubo actos a favor de los acusados
Familiares y amigos de ex militares bajo arresto por violaciones a los derechos humanos en la década del 70 llamaron ayer a “cerrar las heridas del pasado” y denunciaron que “los subversivos derrotados de la guerra hoy gobiernan al país”.
En dos actos que se desarrollaron en las porteñas plazas de Mayo y San Martín, sin pancartas ni consignas, el empresario Carlos Eschenoni brindó un rápido discurso ante unas cien personas, en el que habló de la “memoria total, cerrando heridas, construyendo el futuro”. Lo acompañaron militares retirados, hubo reparto de volantes y se escuchó la marcha de las Malvinas. “No estamos de acuerdo con que los derrotados en la guerra nos estén escribiendo la historia, nos dirijan los medios de comunicación y, lo que es peor, hoy nos gobiernen”, señaló Eschenoni. Aunque los organizadores esperaban mil personas, no fueron más de 100 los que se reunieron frente a la Casa de Gobierno, y la cifra fue aún menor en Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, donde hubo un acto similar.
Fuente: www.elciudadano.net
