Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente”. De esta manera, quedaron configuradas dos posiciones antagónicas respecto de la política comunicacional en el país donde los temas más relevantes se agrupan en torno a la libertad de expresión, pluralidad de voces, participación ciudadana de la sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y concentración de la propiedad de los medios.

La audiencia se concretó a partir de una presentación hecha por el CELS que fue acompañada por un gran número de entidades que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

Poco antes del cierre de la audiencia hizo uso de la palabra el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison Lanza, quien después de agradecer y valorar la participación de los representantes gubernamentales, puso énfasis en la necesidad de que el gobierno argentino dé respuestas frente a la demanda de participación activa de los actores de la sociedad civil en la elaboración de una futura ley de comunicaciones y acerca de los recaudos que el oficialismo debería tomar para cumplir con los estándares internacionales que limitan la concentración de la propiedad de los medios.