El juez Eduardo Moliné O’Connor, ministro de la Corte Suprema de Justicia, planteó ayer ante el Senado la nulidad de la acusación formulada en su contra por la Cámara de Diputados y reclamó que el presidente Néstor Kirchner sea convocado como testigo en el marco del juicio político que podría culminar con la remoción del magistrado.

La defensa del juez, a cargo de Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, sostuvo que “es mejor para el país que alguien como Moliné continúe en la Corte Suprema” y propuso una serie de medidas de prueba entre las que incluyó los testimonios de Kirchner; del ministro de Economía, Roberto Lavagna, y del penalista y criminólogo Eugenio Zaffaroni, candidato del gobierno a integrar el máximo tribunal.

“Es mejor para el país y para la Justicia, para nuestra gente y su espíritu nacional, así como también para el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional, que alguien como Moliné continúe en la Corte Suprema y no sea excluido de ella”, escribieron los abogados en un descargo de 360 carillas.

La defensa sostuvo que, en un acto “discriminatorio”, la Cámara baja aprobó el juicio político a Moliné por su intervención en sentencias que llevan la rúbrica de la mayoría en la Corte. “Dirigir la acusación contra nuestro defendido, apartándolo del resto de los firmantes de las resoluciones cuestionadas y atribuyéndole individualmente la responsabilidad por mal desempeño, constituye una intolerable herejía jurídica o, si se quiere, una manifiesta discriminación que viola el principio de igualdad”, consignaron en el escrito, dirigido al vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli.

El Senado, que en los juicios políticos actúa como tribunal de sentencia, analiza los tres primeros cargos por mal desempeño de su función, aprobados contra Moliné por Diputados en virtud de las sentencias que el ministro firmó en los casos Meller, Macri y Magariños. “Las sentencias criticadas son buenas”, aseveró la defensa, que subrayó que el Congreso carece de atribuciones para juzgar a un magistrado por el contenido de sus resoluciones.

Para los abogados, “el juicio político viola los derechos humanos del juez” Moliné, y la comisión que elaboró la acusación aprobada por la Cámara baja “arremetió contra uno de los poderes del Estado, el más independiente de todos”.

Moliné, según la defensa, resultó “elegido para ejecutar contra él una decisión política”, ya que Kirchner, diez días después de haber asumido la Presidencia, exhortó al Congreso a renovar la Corte a través del juicio político.

Los diputados, acusó la defensa, “han sometido a hostigamiento y presión al doctor Moliné formulando cargos que expresan simplemente una discrepancia” con los fallos dictados por la Corte.

“Falú falta a la verdad”

Los representantes de Moliné embistieron contra el diputado justicialista Ricardo Falú, titular de la comisión de Juicio Político, al señalar que el tucumano “falta a la verdad cuando habla de un contrabando de 13 mil automóviles” en el caso Macri.

La defensa reprochó el “apuro inquisitorial” de los diputados en el proceso a Moliné y dijo que cualquier “ciudadano” acusado de un delito “tiene meses para estudiar la prueba”, mientras el magistrado “tuvo un procedimiento secreto y sólo siete días” para formular un descargo.

“No puede el Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Y tampoco puede el Poder Legislativo sustituir a los jueces en la asignación del contenido de los fallos, aunque esa función pretenda ser ejercida, por vía indirecta, mediante la amenaza de destitución por no coincidir con el sentido de tales decisiones”, insistieron los abogados en nombre de Moliné.

Fuente:www.lacapital.com.ar