El grupo alemán Siemens reclamará al Estado argentino 500 millones de dólares como indemnización por haber dejado sin efecto un contrato para la confección de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y la aplicación de un sistema informático de control de fronteras y de gestión de ficheros electorales, indicó la empresa en un informe a la Comisión Estadounidense de Operaciones de bolsa (SEC). Además, presentó una solicitud de arbitraje contra Argentina ante el Centro Internacional para la Solución de Diferendos Relativos a las Inversiones (Cirdi) del Banco Mundial.

Un portavoz del grupo aseguró en Munich que la indemnización fue exigida para cubrir inversiones y servicios previos prestados en el marco del contrato, cancelado por Argentina en el año 2000, durante la gestión de Fernando de la Rúa. La demanda se generó hacia el Estado argentino por haber roto ilegalmente ese contrato, indicó la empresa.

El contrato de referencia fue anulado por el gobierno de la Alianza en un contexto de prolongada controversia sobre las características de la iniciativa, activada durante la administración de Menem. Siemens resultó adjudicataria en marzo de 1998 del contrato por los DNI, la confección de padrones electorales y el control de migraciones, en una licitación que le ganó a la empresa Itron, del Grupo Macri.

Casi desde el comienzo del proceso licitatorio la iniciativa gubernamental fue cuestionada por el alto precio que deberían pagar los ciudadanos para obtener su documento, unos 30 pesos convertibles a dólares, de renovación obligatoria.

En enero del 98, el entonces viceministro del Interior, Jorge Matzkin, señalaba que el consorcio que ganara la licitación por los DNI no podría cobrar por la confección de este documento más de lo que se pagaba por ese entonces, 25 pesos más IVA, lo que en total significaba 30,25 pesos.

La provisión del DNI y los otros servicios implicaban una facturación calculada por Matzkin “entre 800 y 1.100 millones de pesos”. La empresa ganadora dispondría de 50 meses para hacerse cargo de los servicios de confección de DNI y padrones electorales y registros de migraciones.

Por la elaboración de los DNI el Estado no haría erogaciones, al igual que para los registros de migraciones, ya que la contraprestación surgirá del cobro del servicio. En su momento, el entonces titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa, recomendó la rescisión del contrato, un criterio que compartió el ministro del Interior, Ramón Mestre.

En mayo de 2001 y luego de una reunión tormentosa en la que participaron el ex ministro Domingo Cavallo, el ex jefe de Gabinete Cristian Colombo y Mestre, el contrato se anuló.

El contrato tuvo una historia increíble de seis años, en la que aparecieron maniobras de todo tipo y nombres como el Yabrán, Macri y Ciccone Calcográfica.

Diseñado en los últimos años del menemismo, los DNI quedaron en manos del primer ministro del Interior de la gestión De la Rúa, Federico Storani. Este renegoció con Siemens y consiguió una reducción de precio: de $35, el precio final evaluado por la empresa, bajó a 27. Además, la empresa aceptó entregar una cantidad de documentos en forma gratuita a jubilados y ciudadanos carentes de recursos.

El llamado a licitación para la confección de los DNI, y para la informatización de los controles migratorios y los padrones electorales, fue en 1996. En 1997, durante la licitación del proyecto, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) formuló reparos al proceso de adjudicación y a las empresas oferentes.

Siemens ganó la licitación en febrero de 1998. Para esa época, Israel Loterzstain, directivo de Malam Systems, presentó una nota de impugnación dirigida a Corach, donde denunciaba serias irregularidades en la adjudicación. Para cubrirse, en septiembre de 1998 el gobierno menemista envió el expediente a la Sigen. El contrato se firmó en octubre pero Siemens no comenzó su tarea porque Menem no firmó el decreto que la habilitaba para hacerlo.

En 1999 se volvió a postergar el cambio. La Sigen siguió cuestionando el contrato y Storani no firmó nada. El gobierno de la Alianza resolvió denunciar el contrato.

Desde entonces la empresa redujo su presencia en la Argentina y advirtió sobre su disposición a cobrar una indemnización por el contrato fallido.

Fuente:www.lacapital.com.ar