Los indultos, se sabe, constituyen una anacrónica facultad que la Constitución, aun en su versión remozada de 1994, reserva al Presidente de la Nación.
En teoría, no son revisables, menos todavía por otro poder del Estado, como el que encarna el Congreso. Sólo la Justicia, siempre en la teoría, puede supervisar si cada indulto en particular se atiene a los requisitos con los que puede ser decidido por el titular del Ejecutivo y eventualmente cuestionarlos. Es lo que acaba de hacer el juez Rodolfo Canicoba Corral al definir la inconstitucionalidad de los indultos a los comandantes de la dictadura y otros altos jefes militares de la época.
Muchos sectores que en su momento apoyaron los designios de la dictadura, o del menemismo, salieron a criticar airadamente la decisión del juez, por considerarla tributaria de actitudes políticas o ideológicas antes que jurídicas.
En rigor, Canicoba tuvo en cuenta un pacto internacional de rango constitucional, que deter mina que los autores de un crimen de lesa humanidad no son pasibles de ningún tipo de perdón. Y que además esos crímenes son imprescriptibles y no les cabe el principio de la no retroactividad de las leyes.
Con este marco, los diputados deberán elegir entre dos proyectos de minoría que asumen para el Congreso la decisión de anular los indultos, para completar la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida concretada el año pasado, o el proyecto del oficialismo, que plantea tramitar la posibilidad de la declaración de la nulidad ante la Justicia.
La reunión del bloque del PJ en la que se decidió adoptar esa postura fue una muestra clara de hasta qué punto —no podía ser de otra manera— cualquier posición respecto del tema es, por lo pronto y de manera contundente, mucho más política que jurídica, como lo fueron las decisiones de los jefes de la dictadura al adoptar su esquema represivo, o la de Menem al dictar los indultos.
“¿Por qué siguen molestando con los años 70? —le dijo en un momento el duhaldista y ex segundo de la SIDE Oscar Rodríguez al kirchnerista rionegrino Osvaldo Nemirovsci—; en esa época, cuando ustedes los de la Tendencia jodían, nosotros tratábamos de defender el gobierno constitucional de Isabel Perón”.
Durante las movilizaciones de los viernes a Plaza de Mayo en los primeros meses de 2002, ya con Eduardo Duhalde en la Presidencia, Rodríguez proponía reprimir con dureza para “terminar con lo que no terminamos en los 70”. Y algunos lo creen uno de los principales responsables de la acción policial que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de ese año en la estación Avellaneda.
“Nosotros actuábamos para defendernos de ustedes, la derecha peronista y la Triple A, que nos perseguía y nos mataba”, le respondió Nemirovsci.
Esa es la realidad “actual” de la disputa sobre los indultos menemistas y la razón a partir de la cual no existen fundamentos ciertos, en la Argentina, para esperar que cada poder cumpla con sus papeles y sus facultades con la perfección casi mecánica de una democracia asentada.
Fuente:www.clarin.com
