A la ola de demandas de las empresas privatizadas prestadoras de servicios públicos en tribunales arbitrales internacionales, el Gobierno le opondrá la creación de un fuero específico de competencia nacional que entienda en aquellos conflictos: el Tribunal Administrativo de Servicios Públicos.

El proyecto, que podría evitarle al país tener que litigar en el futuro en organismos como el CIADI, hasta ahora no era más que una idea que un administrativista le acercó al ministro de Justicia, Horacio Rosatti.

Sin embargo, una resolución de Rosatti que se publicó hoy en el BO podría otorgarle un impulso inesperado. Se trata de la resolución 75/2005 que dispone la creación de la comisión que elaborará el proyecto de ley para presentar en el Congreso. La norma explica que dicha comisión estará integrada por cinco miembros, dos funcionrios de la Secretaría de Política Judicial y tres administrativistas que trabajarán “ad honorem”.

La resolución no avanza sobre aspectos de fondo referidos a la competencia y funciones del tribunal. Pero se pueden precisar los siguientes lineamientos:

Crea en el ámbito del Ministerio de Justicia la comisión para elaborar el proyecto de ley de creación del tribunal.

Estará presidida el ministro y coordinada por la titular de la Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos.

Estará integrada por dos funcionarios de esa secretaría y por tres reconocidos juristas especializados en derecho administrativo, que representen a la docencia universitaria, a

la magistratura nacional y a una asociación o institución académica.

Los integrantes desempeñarán sus funciones sin obtener retribución alguna.

Contará con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección General de Asistencia Técnica e Institucional, que depende de esa secretaría.

Faculta a la secretaria a emitir actos de implementación necesarios para el cumplimiento de la resolución, y a designar al jurista que tendrá a su cargo la dirección de la comisión.

Fuente: www.infobaeprofesional.com