Un juez platense tuvo que ir personalmente a la sede del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para exigir a las autoridades que entreguen un cóctel de drogas para el tratamiento de una afiliada enferma de sida.

El magistrado llegó a la sede de la obra social de los empleados públicos bonaerenses y esperó más de una hora hasta que lo atendió el presidente del organismo, a quien requirió el cumplimiento de una medida cautelar a favor de la paciente.

La mujer había acudido a la Justicia por los reiterados retrasos de IOMA en el suministro mensual de los remedios. El primer recurso lo presentó en mayo de 2004. Hubo una sentencia que condenó a la prestadora a proveer los medicamentos en un plazo no mayor de dos días a partir de la presentación de la receta.

No obstante, las demoras volvieron a ocurrir. Hasta que el 28 de febrero la mujer —al borde de la desesperación— pidió al juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, una nueva intervención de la Justicia porque hacía una semana que no tomaba las drogas incluidas en el cóctel previsto para enfrentar el sida. En ese período la carga viral de la mujer aumentó a 1.500, situación que le provocó un serio riesgo de vida, según explicó Arias a Clarín.

Entonces, el juez firmó otro dictamen y dispuso que en un plazo no mayor a las cinco horas la ex empleada pública de 50 años debía recibir la medicación.

En el IOMA no había ningún funcionario que hiciera cumplir la orden judicial. El itinerario burocrático comenzó este lunes a las 7,40.

El propio juez llamó a la sede del instituto, ubicado en 46 entre 12 y 13, en pleno centro de la capital bonaerense. En los siguientes 60 minutos se comunicó tres veces con los asesores letrados y todos contestaron lo mismo: “Estamos trabajando en el tema”.

A las 9,45, una secretaria le dijo al magistrado que ningún director estaba en los despachos.

La jefa del sector Farmacia estaba con licencia. Por eso, el juez decidió trasladarse hasta la obra social. Para esa hora —eran las 11 de la mañana— había llegado el presidente, Javier Mazza.

El funcionario no tuvo chance: entregó los medicamentos para que la paciente con sida pueda tratarse durante todo el mes de marzo. El juez Arias le informó a Mazza que una eventual rebeldía terminaría en una causa penal en su contra.

La paciente que litigó contra IOMA tiene VIH desde 1995. Según pudo averiguar Clarín, está casada y tiene una hija adolescente. Desde entonces realizó distintos tratamientos y el cóctel de drogas convencional le provocó efectos colaterales en la salud: hiperglucemia, colesterol, trastornos digestivos. Por eso, el médico de la Fundación Huésped que la atiende, Pedro Cahn, recomendó ajustes farmacológicos a esa combinación de remedios.

Dos de los fármacos incorporados al cóctel no están incluidos en el último vademécum de IOMA porque son retrovirales de reciente aparición: atazanavir y tenofovir. No obstante, en la obra asistencial dijeron a Clarín que “el organismo modifica y aprueba en forma periódica los listados de drogas incluídas en el plan de cobertura”.

La entidad requería por cada modificación en las sustancias recetadas actualización de la historia clínica y otros trámites que demoraban la entrega.

El juez ordenó que —a partir de ahora— la sola presentación de la receta habilita a la mujer a conseguir la medicación.

Arias consideró que la obra social debe garantizar el acceso a los medicamentos de todos sus afiliados. Mencionó el artículo 36 de la Constitución bonaerense y la ley nacional de lucha contra el sida (23.798), de aplicación en todo el país.

Esa norma contempla “la prevención, el tratamiento, asistencia y rehabilitación” de los pacientes. Además, tuvo en cuenta los tratados internacionales que garantizan el derecho a la salud y a la vida y que fueron suscriptos por la Argentina.

“No es la primera vez que se registran retrasos y problemas con afiliados de IOMA por la burocracia y la desidia de algunos funcionarios”, dijo a Clarín el juez Arias.

De acuerdo con las estadísticas de ese juzgado, la obra social es una de las entidades que registran mayores demandas por irregularidades en las prestaciones.

“Hemos atendido a personas con el ánimo y la moral agotadas por la falta de respuestas”, agregó el magistrado.

Fuente:www.clarin.com