El procurador general de la Nación, Esteban Righi, resolvió que una unidad de especial de fiscales federales impulse las causas por violaciones a los derechos humanos en Rosario y designó a la fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Griselda Tessio, para que se haga cargo de las investigaciones en forma “conjunta o alternativa” con sus colegas de la jurisdicción y los que llegarán desde Buenos Aires. Dos medidas para un desembarco del Ministerio Público ante una Cámara Federal de Rosario empeñada en dejar en libertad a los represores de la dictadura. Righi fundamentó la decisión en varias cuestiones, pero una de ellas cae por su propio peso: el pedido del abogado patrocinante de víctimas de la represión ilegal en San Lorenzo para que instruya a los fiscales generales y de primera instancia que rechacen las excarcelaciones en los procesos donde se investigan delitos de lesa humanidad.

La resolución del procurador aparece en una instancia clave en la “búsqueda de verdad y justicia ante los crímenes del terrorismo de estado”: la Cámara Federal deberá resolver en los próximos días sobre la excarcelación de los siete presos en Santa Fe ‑entre ellos el ex juez federal Víctor Brusa, el presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino y el militar retirado Nicolás Correa, ex funcionario del gobernador Jorge Obeid‑, quienes a diferencia de los represores de Rosario fueron acusados por el juez federal Reynaldo Rodríguez de integrar una “asociación ilícita”: un “pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo”, dice el fallo, el primero de este tenor en la provincia.

Rosario/12 tuvo acceso a la resolución 11/05 del procurador general de la Nación que dispone “la intervención de la ‘Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado’ en los procesos donde se investiguen o juzguen los delitos que hacen a su cometido en la sección judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario” y designa a la doctora Tessio “para que coadyuve de manera conjunta o alternativa con los fiscales federales de la jurisdicción y de la unidad, en las causas aludidas”.

Righi justificó la medida en petitorios que llegaron a su despacho desde los Tribunales Federales de Rosario:

* Un pedido de colaboración del fiscal Francisco Sosa.

* La denuncia sobre irregularidades en la causa contra el ex juez Brusa que presentó uno de los querellantes, José Schulman.

* El pedido del abogado Gustavo Feldman para que el procurador instruya a los fiscales generales y de primera instancia que se opongan a la excarcelación de los imputados y procesados por crímenes de lesa humanidad.

* Y un reclamo de Elida Luna (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas) que lucha por conocer el destino final de su esposo, Daniel Gorosito, desde hace años. “Estos expedientes expresan una serie de requerimientos e inquietudes para superar las dificultades operativas y mejorar la intervención del Ministerio Público en las causas que investigan los crímenes del terrorismo de estado en jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario”, explicó Righi.

Recordó entonces que la ley lo faculta a “diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público” y “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, por lo tanto está obligado a adoptar “todas las medidas necesarias para el cumplimiento del mandato expreso de la Constitución Nacional”.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país en los años del terrorismo de estado exigen como imperativo ético insoslayable la búsqueda inclaudicable por parte del Ministerio Público de la verdad y la justicia, como contribución esencial a la reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado, la paz de la comunidad y la reparación ‑en la medida de lo posible‑ del sufrimiento infligido a las víctimas”, señaló el procurador.

“En pos ese objetivo, se dictaron numerosas resoluciones para obtener los recursos humanos, materiales y reglamentarios imprescindibles y reforzar los existentes”. Por lo tanto, “corresponde ratificar el curso de acción de la política criminal y de compromiso institucional con la vigencia de los derechos humanos, promoviendo la investigación, el juzgamiento y la reparación de sus violaciones”.

La resolución 11/05 consta de dos artículos:

* “Dispone la intervención de la ‘Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado’ en las causa que se investiguen o juzguen los delitos que hacen a su cometido en la sección judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en los términos del artículo 2º de la resolución 163/04 del Procurador General de la Nación (artículo 1º).

* “Y designa a la titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, doctora Griselda Tessio para que coadyuve de manera conjunta o alternativa con los fiscales federales de la jurisdicción y de la Unidad de Asistencia en las causas aludidas” (artículo2º).

La decisión del doctor Righi importa un reconocimiento a las labor de la fiscal Tessio en Santa Fe, donde sus investigaciones permitieron hallar los archivos ocultos de la represión ilegal, identificar a desaparecidos, devolverle el nombre a militantes políticos sepultados como NN, encontrar el destino final de las víctimas y sus restos perdidos bajo tierra, y avanzar en el esclarecimiento de crímenes del terrorismo de estado, como en el caso de María Carolina Guallane, la joven que recuperó su identidad: Paula Cortassa.

Fuente:www.rosario12.com.ar