A partir de una denuncia realizada por la sucursal local del Banco Río, el ex juez federal de Santa Fe, Raúl Joaquín Dalla Fontana, resultó procesado por el supuesto delito de estafa, ya que la Justicia consideró que existen fuertes indicios como para sospechar que cobró de manera irregular dos veces el mismo plazo fijo depositado en dicha entidad bancaria.
En octubre del año pasado, El Litoral revelaba que el ex juez federal había sido denunciado por el Banco Río ante el juzgado de Instrucción a cargo de José Manuel García Porta.
El 14 de diciembre de 2001, Dalla Fontana abrió en este banco un plazo fijo por 140 mil dólares -era la época del uno a uno-, cuya titularidad compartía con su esposa.
Pero, pocos días después, esos fondos -que ya ascendían a 140.798 dólares debido a los intereses- quedaron “acorralados” en la entidad bancaria, tal como ocurrió con los depósitos de millones de argentinos.
En medio de la convulsión que socavaba al país, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través de circulares del Banco Central, otorgar a los ahorristas mayores de 75 años la posibilidad de retirar sus depósitos con la sola presentación del documento de identidad.
De acuerdo con la documentación presentada por el Banco Río ante la Justicia, Dalla Fontana decidió “voluntariamente” hacer uso de esta posibilidad de retirar su dinero, por lo que el plazo fijo fue pesificado a una cotización de 1,40 peso por cada dólar. A partir de fuentes relacionadas con quienes se consideraron damnificados por Dalla Fontana, El Litoral tuvo acceso al procesamiento dictado por García Porta, quien afirma que el ex juez federal aceptó la pesificación “libremente”.
De esta manera, obtuvo $ 197.117 que acreditó en su cuenta personal el 30 de enero de 2002, “disponiendo del dinero” a partir de ese momento.
García Porta llegó a la conclusión de que “carecen de relevancia los dichos de Dalla Fontana -quien afirma no haber utilizado el dinero porque lo dejó en el Banco Río-, pues surge de las pruebas documentales que, si bien es cierto tal circunstancia, rige para el Banco la prohibición de disponer de esos fondos, que se encuentran dentro de la órbita, manejo y administración de los titulares de la cuenta”.
Movimientos
Según el testimonio del gerente del banco y de sus representantes legales, los sucesivos depósitos que realizó Dalla Fontana fueron hechos con el dinero obtenido de la pesificación voluntaria, sumando los intereses: “Se observa el continuo movimiento de extracciones de dinero por compras que realizó su esposa, cotitular de la cuenta”, dice el juez que investiga los hechos.
Pero, el 17 de mayo de 2002, Dalla Fontana se presentó ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, impulsando una demanda de amparo, valiéndose de una copia del mismo certificado de plazo fijo cancelado. En el reverso de esta copia decía: “Desafectado el presente certificado en su totalidad por pesificación”.
En el amparo, Dalla Fontana exigía el inmediato pago de los fondos depositados -refiriéndose a los 140 mil dólares originales-. Si bien invocó la inconstitucionalidad de la pesificación, “termina confundiendo” al juez federal, dice García Porta.
Al respecto, el magistrado considera que, “por ser Dalla Fontana ex juez del mismo juzgado federal, indujo en error al juez Rodríguez y a sus colaboradores, que dieron trámite libre al reclamo sin el debido control para frenar tal pretensión”.
Efectivamente, el 3 de junio de 2002, el Juzgado Federal libró un oficio y ordenó al Banco Río que le abonase a Dalla Fontana la suma de 140.797 dólares al cambio vigente en ese momento, que superaba los tres pesos por dólar.
El 4 de junio, Dalla Fontana se presentó en el banco con el oficio reclamando el dinero. El Banco Río se negó a entregar los fondos, por cuanto el plazo fijo ya había sido cancelado.
Según los testimonios recogidos por García Porta, los asesores legales del Banco Río plantearon su decisión de comunicarse con el juez Rodríguez para aclarar el asunto. Sin embargo, “Dalla Fontana dijo que hablaría él mismo, aduciendo ser amigo personal”.
El 6 de junio, Dalla Fontana se presentó nuevamente en el banco, con el mismo oficio judicial que ordenaba la entrega del dinero. Según los abogados y el gerente del Banco Río, les aseguró que, si no se le daban los fondos, “se presentaría personalmente el juez Rodríguez con la Policía Federal”.
Ante tal situación, el Banco Río le entregó 509.688,76 pesos, pero allí el gerente del banco y Dalla Fontana firmaron un recibo en el que se consignó expresamente “que el plazo fijo había sido pagado con anterioridad, por lo que se trata de un depósito inexistente”.
García Porta concluye que, “no obstante la oposición de la entidad bancaria damnificada, (Dalla Fontana) concretó el cobro dos veces del mismo crédito… Indujo en error al Dr. Rodríguez quien, sin dudar de quien fuera tantos años juez del mismo tribunal con los mismos colaboradores, no controló que se estaba litigando con copia de un título cancelado, creyendo en la buena fe del litigante.
“La conducta de Dalla Fontana encuadra dentro de la figura de estafa procesal, que se rige por los principios de la estafa genérica, siendo indiferente que el ardid haya sido en perjuicio de una persona (el juez Rodríguez) y que haya recaído contra el banco, que debió pagar dos veces el mismo crédito”, remarca el juez de Instrucción al procesarlo.
Fuente:El Litoral
