La Cámara Federal de Rosario se apresta a elegir por sorteo a uno de sus miembros, que reemplazará a Jaime Belfer, con licencia por 30 días, y a Hugo del Pozo, por 60 días. El elegido saldrá de las dos listas de 10 abogados cada una, anotados para tal fin -una por cada sala que compone la cámara- quienes deberán suspender sus actividades privadas por dos meses para cumplir ese rol. Bajo esta premisa habría pocos letrados dispuestos a acceder a este requisito, salvo uno de ellos que habría adelantado su disponibilidad: Pedro Alegre, quien se desempeñara ya como conjuez de primera instancia en el fuero federal y que ocupara un lugar en la Cámara federal para resolver las recusaciones de los cuatro camaristas -Belfer, Del Pozo, Carlos Carrillo y Edgardo Bello- quienes habían dictaminado que las causas por derechos humanos estaban cerradas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Para muchos habitués del edificio federal, la presencia de Alegre en la Cámara es un voto cantado.

La presencia de Alegre despertó especulaciones en torno de la resolución que la Cámara deber efectuar en los próximos tiempos: las excarcelaciones de la Causa Brusa, donde hay siete detenidos a disposición del juez federal Reynaldo Rodríguez, más todas las apelaciones por las excarcelaciones de Horacio Maderna, Pedro “Pili” Rodríguez y Rubén Cervera, y las apelaciones de todos los autos de procesamiento de los represores en territorio santafesino.

Lo medular del análisis de esa maniobra pasa por los cuatro votos que algunos de los camaristas pretenden garantizar para seguir manteniendo sus criterios que tan tozudamente han expresado en los últimos años: con Belfer, Carrillo y Bello los fallos fueron siempre en un mismo sentido.

El funcionamiento de la Cámara como tribunal pleno y no dividido en salas fue objetado en una presentación realizada por el abogado Gustavo Feldman, en setiembre de 2004. El defensor de Manuel Casado y Carlos Abalos, denunciantes en la Causa San Lorenzo, había pedido la nulidad todo lo actuado por la Cámara Federal rosarina argumentando que “funcionó como tribunal pleno con seis miembros y no en dos salas de tres como debió haber sido de acuerdo a la ley”.

Para Feldman, quien incurrió en esa irregularidad es el presidente del tribunal de alzada, Carlos Carrillo, quien “con fecha 27 de julio de 2004 había firmado el decreto ordenando la actuación de la Cámara como tribunal pleno en grosera contraposición con el artículo 25 del decreto 1285/58 y de las acordadas de este alto tribunal Nº 68/79, 209/89 y 92/03 -que reglamentan la competencia y modos de actuación de la Cámara en salas- y violando prerrogativas de raigambre constitucional como son el debido proceso legal y el principio del juez natural”.

Por todo lo detallado el abogado habia pedido la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento incluyendo las decisiones más controvertidas como las libertades dispuestas a Carlos Sfulcini, Rubén Cervera y Pedro Rodríguez.

La Cámara Federal de Rosario había funcionado con seis miembros: Carrillo, Del Pozo, Bello, Belfer, Liliana Arribillaga y Guillermo Toledo. Días después el fiscal general de Cámara, Claudio Palacin, apoyó esta posición, aunque la propia Cámara rechazó el planteo. El camino fue entonces la presentación de un recurso extraordinario conocido como per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evitar a la Cámara de Casación Penal sustentada ante la gravedad institucional y la necesidad de que la Corte unifique criterios en todas las Cámaras federales del país. La Corte deberá decidir ahora si esta bien concedido el recurso.

Fuente:www.rosario12.com.ar