La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló ayer una resolución que obligaba a los fiscales de la provincia a apelar todas las resoluciones judiciales que otorgaban la excarcelación a un procesado.

La medida la adoptó la procuradora, María del Carmen Falbo, quien instruyó a los fiscales a que evalúen cada caso en particular y sus circunstancias, para agotar la vía recursiva.

La resolución modificó la número 752 del año 2000 que obligaba a los fiscales de primera instancia y a los de Cámara a “agotar las vías recursivas respecto de resoluciones judiciales que concedan el beneficio de la excarcelación”.

La orden, firmada por el entonces y ya fallecido procurador Eduardo Matías De la Cruz, se dio en el marco de la denominada “mano dura” que impulsó el ex gobernador Carlos Ruckauf y que restringió las causales de excarcelación en la provincia.

Los fiscales ahora evaluar cada caso en particular para decidir si recurren o no las excarcelaciones. “Después, cada fiscal deberá rendir cuentas a la sociedad si recurrió o consintió la resolución que excarceló a un procesado”, graficó un fiscal.

Es que la política de mano dura aplicada durante la gestión de Ruckauf, que incluyó un paquete de leyes para restringir las causales de excarcelación, fue uno de los principales motivos de la superpoblación y hacinamiento que padecen ayer los internos alojados en las cárceles bonaerenses.

Según datos de la cartera de justicia bonaerense, la población carcelaria se duplicó en los últimos cinco años, aunque de los 25 mil presos alojados en las 39 cárceles de la provincia, sólo un 20 por ciento tiene condena.

La modificación de las causales de excarcelación y el presunto abuso de la figura de la prisión preventiva, fueron algunos de los temas analizados el fin de semana en Mar del Plata por funcionarios del Poder Judicial.

El encuentro se organizó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que días atrás ordenó a la provincia que “haga cesar” las pésimas condiciones en que se encuentran los detenidos en las comisarías, especialmente la de aquellos presos que reciban un “trato cruel, inhumano o degradante”.

En esa resolución, también le ordenó a la Suprema Corte provincial que en un plazo de 60 días, a través de los jueces competentes, ponga fin a la detención en comisarías de menores y delincuentes que se encuentren enfermos.

Fuente:www.infobae.com