El Consejo de la Magistratura de la Nación tendrá que definir esta semana si suspende o no al juez federal de Reconquista, Eduardo Fariz, a raíz de las imputaciones que tiene en su contra, por diversas irregularidades cometidas en los últimos años. Rosario/12 logró reconstruir cuáles son las principales acusaciones que existieron ante el organismo nacional e incluso algunas de las testimoniales registradas en la etapa investigativa. Conjueces amigos, abogados sugeridos, beneficios a la empresa Friar, acoso laboral, cuestionadas libertades a narcos o contrabandistas, son los principales cargos que tiene el magistrado.
* Los beneficios de la empresa Friar. El Juzgado Federal de Reconquista fue quien condenó al Estado nacional a indemnizar al frigorífico Friar S.A. con el pago de más de 21 millones de dólares, por los daños económicos que le causó a esa empresa exportadora el rebrote de la aftosa. A Fariz se le cuestiona haber aceptado bienes afectados al régimen de bien de familia ‑presentados como caución de parte de uno de los empresarios de la firma‑ o hipotecados y su “desaprensión” en el cumplimiento de los requisitos de medidas cautelares contra la Administración Pública (tras avalar un planteo de la empresa, para que la AFIP se abstenga de seguir devengando intereses sobre montos que solicita compensación). Se le cuestionó además el hecho de actuar a sabiendas, en beneficio de una de las partes, evitando que la Administración Pública pudiera hacer uso de su legítimo reclamo en los expedientes iniciados. La AFIP le inició un procedimiento de embargo contra los bienes de la sociedad Friar por montos de $ 1.957.260,88 y por $ 343.112,70, considerados deuda por mora en el impuesto al Valor Agregado de Exportaciones. Las medidas fueron trabadas ante el Registro General de la Propiedad Inmueble de Santa Fe. A través de la medida cautelar ordenada en autos, se levantó dicha anotación, la que fuera ordenada en expedientes seguidos según el procedimiento vigente y con la debida protección de los intereses del Estado y notificación a la parte. De acuerdo a lo investigado, la medida cautelar ordenada fue “exagerada”. No sólo limitó a pasado los actos de la Administración en acciones fiscales, sino que limitó a futuro al mismo Estado, para que hiciera valer su derecho de cobro de los montos adeudados. También se tuvo en cuenta que, a pesar del levantamiento del embargo para poder solicitar créditos, según la argumentación de Friar, tampoco pudo evitarse el concurso preventivo, por lo cual se consideró que la situación de cesación de pagos era más profunda que una circunstancia de falta de líquido. El otro cuestionamiento fue por el hecho de dejar participar (en algunas se excusó), en una de las causas iniciadas por Friar, a la secretaria Civil del Juzgado Federal, Andrea Ingaramo, esposa del gerente general de la empresa, Gerardo Ramseyer. La doctora Ingaramo es también accionista de Friar y pertenecía al estudio jurídico del abogado Vicente Guido Ferullo, quien llevó adelante los expedientes de la empresa. Ferullo fue denunciado por ser uno de los letrados que concurrían asiduamente al despacho de Fariz. Incluso, antes de asumir como juez federal, el entonces abogado Fariz, con domicilio en Villa Ocampo, constituía domicilio en el Estudio Ferullo cuando tenía que litigar en Reconquista.
* La confección de listas de conjueces. La queja la planteó el Colegio de Abogados de Reconquista. Uno de los más contundentes en su denuncia fue Virgilio Palud, quien actualmente está al frente del Juzgado Federal de Reconquista, tras el pedido de licencia “por estado depresivo”, planteado esta semana por el juez Fariz. Palud declaró ante el Consejo de la Magistratura en su carácter de secretario del colegio mencionado, cargo que ya no ocupa. Relató que conformó las listas, actuando en una causa por infracción a la ley de Radiodifusión y que a partir de esa intervención nunca más pudo estar en una nómina, por lo menos hasta este año. Dijo que se envió una nota a la Cámara de Apelaciones de Resistencia ‑que tiene jurisdicción sobre Reconquista‑ para que se le informe cuáles eran los mecanismos que se llevaban adelante para la designación o el armado de esa lista de conjueces. La sorpresa fue que el mismo día que llegó la nota se hizo la reunión de la Cámara de Apelaciones de Resistencia y Palud apareció nuevamente en la lista de conjueces. Relató que en la causa de tres radiodifusoras, donde resolvió que dos ellas podían seguir con la actividad, el juez Fariz le dijo: “Tené cuidado porque, si llegás a habilitar esas radios, del COMFER te van a tirar de las…”, lo que Palud interpretó como una instrucción. Al parecer, esas emisoras tenían posturas críticas al accionar del entonces senador nacional Jorge Massat (PJ‑Santa Fe), al momento de iniciarse la causa por enriquecimiento ilícito. Massat siempre fue considerado el padrino de Fariz para llegar al cargo. Cuando Palud fue interrogado acerca de si conocía que desde el juzgado se recomendaba a ciertos profesionales, comentó específicamente un altercado que le tocó vivir. Dijo que en una causa por contrabando de cigarrillos, el declarante actuaba como defensor de uno de los imputados. Que una tarde, un familiar del imputado se apersonó, narrándole que al dirigirse al juzgado y preguntar por el juez, una persona que estaba cargando unas cosas en un automóvil que se identificó como juez le dio una tarjeta de un abogado, para que fuera a verlo y así iba a lograr rápidamente la libertad. La tarjeta pertenecía a Carlos Barrilis, un abogado del círculo íntimo de Fariz. De la prueba informativa obtenida por el Consejo de la Magistratura se observa que Fariz elevaba a la Cámara de Resistencia una nómina de letrados de la jurisdicción, muy cercanos a su figura, que eran los beneficiados con mayor asiduidad. El cuestionado abogado Ricardo Degoumois, por ejemplo, aparece subrogando a Fariz en 18 oportunidades en los últimos cinco años. Luego lo siguen Francisco Peralta, Barrilis y Ferullo, con diez. Es así que se considera la existencia de una posible manipulación de los magistrados subrogantes en casos de inhibición de Fariz, lo que sería “demostrativo de una falta ética y legal”.
* El nombramiento de abogados defensores. La señora Julieta Solari denunció el ofrecimiento, efectuado por el propio magistrado Fariz, de un patrocinio particular. Es así que, luego de su detención, y una vez citado para declaración indagatoria, Fariz presionó al detenido, indicándole la situación de su familia de no tener forma de arreglar su situación procesal, por lo cual le ofreció el patrocinio del abogado Aníbal Marcelo Zupel. De acuerdo a lo denuncia, Zupel solicitó “una suma de dinero con promesa de resultado”, poniendo de manifiesto que “ya había hablado con el magistrado”. Tal situación se entendería que “supera la simple falta ética de captación de clientela a favor de un letrado particular con promesa de resultado, lo que el colegio de matriculados deberá investigar”. Ello constituiría “la posible configuración de un delito, la solicitud o recepción de dinero para hacer valer su influencia y así obtener una decisión judicial de un asunto de su competencia, contenido en el artículo 256 bis del Código Penal.
* La casa del Juzgado Federal. El Consejo de la Magistratura también investiga el hecho de que el juez Fariz obtendría un beneficio pecuniario de la locación de la casa, en la que funciona la sede del tribunal. Del contrato de locación se desprende que el propietario del inmueble es Hernán Ricardo Carnero, actuando en aquel acto a través de apoderado Carlos Damián Schpeir, quien es sobrino del juez federal y es vendedor de productos veterinarios. Schpeir es quien cobra el alquiler a favor del titular registral. El otro dato saliente es que Carnero y el sobrino del juez no se conocían, pero de un día para el otro Schpeir se transformó en una persona de confianza y pasó a ser “representante” del supuesto propietario del edificio del juzgado. También resultó sorprendente que Fariz haya llevado la estructura metálica del aljibe de la vieja casona de calle Presidente Roca a su residencia habitual. Carnero aclaró que una tarde Fariz se acercó a su casa y le entregó 100 pesos, en concepto de pago por la supuesta compra del armazón, de lo que no existe ningún comprobante.
* Contrabando y avioneta. El 15 de octubre del 2001 se recibió un llamado anónimo en dependencias de la Unidad Regional XII de la localidad de Tostado. Se informó que en la Ruta Provincial Nº 2 se encontraba una avioneta abandonada a la vera de la capa asfáltica. Era una avioneta Cessna 182, identificación LV‑ HCI, que contenía un cargamento de cigarrillos marca Palermo, habiendo espacio, únicamente, para un piloto. El juez Eduardo Fariz ordenó el secuestro de la partida de cigarrillos, de origen ilegal. De acuerdo a lo investigado “no se observó el cumplimiento de las normas respecto del cuidado de los objetos depositados”. Tampoco se verificó el valor en plaza de la mercadería secuestrada, para poder determinar el monto del perjuicio ni si los paquetes fueron destruidos o están aún en dependencias tribunalicias. Lo más asombroso del caso fue que la avioneta fue devuelta ante la única declaración de una persona poseedora de un boleto de compraventa, y sin haber escuchado al titular registral inscripto.
* El mismo avión. A mediados de diciembre del 2002, el jefe de la Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, comisario Egidio Schettini, informa al Juzgado Federal de Reconquista que, de acuerdo a tareas de inteligencia realizadas, iba a descender una avioneta con contrabando de cigarrillos a un campo ubicado entre los kilómetros 669 y 670 de la ruta Nº 11. Fariz hizo lugar al pedido. En horas de la mañana del 20 de diciembre llegó la avioneta y se detuvo a Valentín Camacho, piloto de la aeronave y quien estaba descargando mercadería; Oscar Antonio Montenegro; Waldo David Garavaglia, de dieciocho años y sus hermanos menores Marcos Matías, de trece años y Luis Patricio Garavaglia de diecisiete años de edad. Luego se hizo presente el padre de los menores, Luis Alberto Garavaglia, quien también fuera detenido. Se secuestraron una avioneta Cesna 310 bimotor, bolsas de cigarrillos; otros vehículos y una gran cantidad de armas de fuego y armas blancas. La aeronave quedó en depósito en el campo, con custodia policial. El resto de las mercaderías y automotores secuestrados, junto con los detenidos quedaron bajo jurisdicción del magistrado a cargo, siendo trasladados a la Comisaría de Calchaquí y a la sede del juzgado. Cuando se investigó la conducta de Fariz se consideró una “irregularidad manifiesta” la detención, durante dos días, de los menores de edad, en dependencias policiales de la URIX de la Policía, no aptas para tales fines. Pero a ello se sumó el hecho de que Fariz dispuso la restitución de la avioneta a su propietario. Pero a ello se sumó otro episodio: la misma aeronave ya había sido restituida en octubre de 2001, cuando se hizo un procedimiento en cercanías de la localidad de Manucho (Santa Fe), en una causa con detenidos, con persecución con armas de fuego y donde se secuestró gran cantidad de cigarrillos de contrabando.
* Procesamiento a gremialistas. En el 2003 se hizo un corte de la ruta 11, por 20 minutos, frente al Hospital Central de Reconquista, en reclamo de mejoras salariales. Participaron más de 10 dirigentes gremiales, que fueron identificados por la Policía de la Unidad Regional IX, previo a instancia indagatoria. Fariz los procesó por el delito de “entorpecimiento de transporte o servicios públicos”. La medida, de proceder a la identificación de los imputados, que se encontraban en libertad, se consideró “excesiva”, máxime teniéndose en cuenta que posteriormente se dictó la falta de mérito para todos los delegados gremiales. Más “sorprendente” se consideró “la notificación del inicio de la causa, a las diferentes entidades representadas por aquellos, sin que existiera una mínima expresión de convicción suficiente para estimar la existencia de un hecho delictuoso y que los imputados fueron partícipes de aquel”.
* El acoso laboral. Los representantes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación denunciaron el acoso que sufren los empleados, de parte de Fariz. A criterio de los dirigentes Piumato y Minella, el magistrado en todo momento “lleva adelante esta actividad tendiente a limitar o afectar la comunicación entre el personal, el contacto social dentro de la oficina, desacreditar profesionalmente a los integrantes de su equipo frente a terceros y entre sí”. La mayoría de los testimonios receptados en el Consejo de la Magistratura revelaron que las actividades en el juzgado se desarrollan en un clima de tensión, donde algunos empleados “han llegado a sufrir una situación de temor o miedo”.
Fuente:www.rosario-12.com.ar
