Carlos e Ileana Ossola, los hermanos acusados de un presunto fraude millonario en la clausurada agencia bursátil que presiden, seguirán en prisión domiciliaria por disposición de la Cámara Penal, que rechazó un pedido de sus abogados para que recuperen la libertad.
Los jueces de la Sala III les negaron la excarcelación por “peligrosidad procesal” ante el riesgo de que intenten alterar o esconder pruebas, como se presume que ocurrió con la numerosa documentación contable hallada en julio pasado en el departamento de un familiar de los directivos.
Los titulares de la agencia de bolsa de Rioja 1035 denunciada por presuntas estafas reiteradas contra sus inversionistas se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 27 de julio pasado, cuando dos días después de su detención la jueza Alejandra Rodenas les concedió ese beneficio en razón de la edad a Carlos, de 71 años, y su hermana Ileana Enriqueta, de 74. En esa oportunidad, además, dispuso la libertad de los tres hijos del directivo sospechados de tener una participación menor en las defraudaciones.
La caída. El 21 de febrero el Mercado de Valores suspendió a Ossola al detectar irregularidades en la operatoria bursátil. Luego realizó la denuncia judicial y el 6 de marzo la firma fue clausurada. A partir de entonces se acumularon las denuncias penales de 12 clientes que vieron evaporadas sus inversiones en acciones y otros activos. La firma se presentó en convocatoria de acreedores y reconoció un pasivo de 65 millones de pesos en perjuicio de 295 personas.
En su declaración en sede penal, Carlos Ossola dijo asumir “todas las responsabilidades” que le competen en tanto titular de la firma y desligó a sus hijos de las operaciones de la empresa. Entonces, el presidente de Ossola adjudicó la debacle a “distintos desfasajes” que se generaron año a año.
Registros y balances. Los Ossola fueron detenidos tras un allanamiento al departamento céntrico de una familiar. Allí se encontraron registros contables, balances, escrituras de propiedades y algunas anotaciones rudimentarias que eran importantes para la causa.
Los hermanos adujeron que estaban preparando esa información para presentarla al juez del concurso. Pero la jueza Rodenas objetó que no avisaran de la existencia de ese material.
Por ese ocultamiento la jueza Rodenas les negó la libertad a los directivos de la firma. Y con ese mismo argumento los jueces de la Sala III Martín Navarro y Elena Ramón mantuvieron el arresto domiciliario, mientras que el camarista Otto Crippa García se abstuvo de opinar.
Fundamentos. Los jueces compartieron el criterio de Rodenas, quien se negó a excarcelarlos en función del artículo 338 del Código Procesal Penal que permite mantener la detención cuando exista riesgo de que el imputado trate de interferir en la causa judicial, o cuando en el caso esté comprometida una alta suma de dinero.
“El derecho a la libertad durante el proceso penal admite excepciones. Se está ante persecuciones penales justificadas por el momento”, evaluó en su voto el juez Navarro.
El camarista indicó además que “la ley debe ser pareja para todos porque de lo contrario resulta urticante. No es bueno que la Justicia marque desigualdades que hasta podrían considerarse socioeconómicas”. Por último, sostuvo que “deben tenerse presente las elevadas cuotas de injusto de la actividad que Ossola y sus operadores desplegaban con sus clientes”.
En tanto, en la causa por estafas múltiples ya se inició una pericia informática y contable de toda la documental secuestrada. El estudio quedó a cargo de un perito contador de Tribunales y un perito informático de la policía.
Intentará determinar si se cometieron maniobras dolosas para estafar a los clientes, cómo se generó el descontrol de la empresa, por qué no se advirtió antes y cómo influyeron factores externos en la caída de la firma. Según fuentes judiciales, el resultado de esa pericia podría ser decisivo respecto de la situación de los directivos.l
Fuente:www.lacapital.com.ar
