El gobierno del presidente Kirchner, desde el inicio de su gestión, ha planteado la plena vigencia del Estado de Derecho y de los derechos humanos de todos como valores esenciales de la democracia y, también, ha planteado que para que esto suceda, entre otras cosas importantes, hay que contar con una administración de justicia eficaz.
Alcanzar una justicia eficaz significa que sea justa y en tiempo oportuno. En este sentido, la Reforma del Código Procesal Penal de la Nación persigue alcanzar una doble respuesta. Por un lado evitar que los delitos, sobre todo los más complejos, queden impunes por la utilización excesiva que a veces se hacen de los recursos, de las nulidades, que no haya prescripción de la acción penal. Y, por otro lado, respetar los derechos de las personas que están sometidas a juicio penal, para que en un plazo razonablemente sepan que va a ser de su destino, si van a ser absueltos, si van a ser condenados, sobre todo si están con prisión preventiva dictada.
Llevar adelante la reforma del CPPN significa desarrollar una verdadera política pública de consenso, una política permanentes, de Estado, que trasciendan un cambio de gobierno. En este sentido, el Presidente Kirchner dictó el decreto 115 en 2007, constituyendo la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Penal.
Lograr esta administración de justicia eficaz no es una tarea ni es sólo una tarea del Poder Judicial o del Ministerio Público, sino de los otros dos poderes y de la propia sociedad civil. También es necesario hacer nuevas inversiones y avanzar hacia una utilización cada vez más eficiente de los fondos y de los recursos humanos con que contamos.
Generar una reforma no se debe agotar en el cambio de norma, ya que implica un proceso de cambio cultural, un proceso de modificación de comportamientos que muchas veces responden a valores e ideas muy arraigados en los funcionarios, en los empleados y aún en los propios abogados que participan de los que es el sistema penal.
Además, somos conscientes que estos procesos de reforma suelen fracasar en la etapa de implementación. Por eso esta propuesta considera, además desancionar este anteproyecto de Código Procesal, sancionar las propuestas de reforma de organización judicial, del Ministerio Público, que haya una ley de implementación en la que se fijen claramente las metas, los recursos, los tiempos y la creación de un cuerpo de control del proceso de reforma.
Este ha sido un gran desafío y ha habido un enorme consenso no sólo entre jueces, fiscales,integrantes del Poder Judicial sino también con las organizaciones que les interesa el tema de la justicia y de los derechos humanos y también las distintas fuerzas políticas. Esta es una base muy fuerte para llevar adelante el proceso de reforma. Conocemos las dificultades pero estamos seguros que vamos a conseguir el éxito. Esta es una primera etapa, pero estamos convencidos que con esta reforma vamos a lograr un mejor Estado de Derecho y una mayor vigencia de los derechos humanos de todos.
