El gobierno que asuma en diciembre tendrá la facultad de designar la mitad de los integrantes de la Cámara Federal porteña, el tribunal que tiene a su cargo las más importantes causas de corrupción.

La renuncia del juez Gabriel Cavallo, que esta semana anunció que se va a fin de año, dejó a la vista un fenómeno crecientemente preocupante: la multiplicación de las vacantes en la Justicia. Con su partida quedarán acéfalas tres de las seis vocalías de la Cámara. Esto genera problemas operativos y amenaza con demorar aún más el trámite de las causas.

Pero la renovación del fuero federal no se limitará a la Cámara. Será aún más profunda: alcanzará también a la primera instancia. El próximo presidente recibirá las ternas para elegir a tres de los doce jueces que tienen a su cargo las principales investigaciones contra el gobierno central. En el Consejo de la Magistratura, donde comienza el proceso de selección, los trámites marchan lentos. El concurso para los juzgados federales ya lleva dos años.

Si Cristina Kirchner gana las elecciones, entre sus primeros meses de gestión y los cuatro años de gobierno de su marido habrán designado a más de la mitad de los integrantes del fuero más sensible para el poder político nacional: seis magistrados de primera instancia y cuatro camaristas.

En los últimos años, los cambios se convirtieron en una constante en la justicia federal. Una de las principales reformas fue en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se elevó de seis a doce el número de juzgados. Ese mismo año, se crearon los tribunales orales y la Cámara de Casación, y estos movimientos produjeron tres vacantes en la Cámara Federal. Todas esas designaciones quedaron a cargo de Menem.

Elegir jueces es una importante herramienta de poder. Para evitar abusos y garantizar la independencia del Poder Judicial, la reforma constitucional de 1994 puso limites a esta facultad. Ahora, el Poder Ejecutivo no puede nombrar a cualquiera, debe elegir a su candidato de una terna que prepara el Consejo de la Magistratura.

En este momento, hay dos concursos abiertos en la Comisión de Selección del Consejo para cubrir las vacantes de la justicia federal. Uno, para la Cámara; el otro, para los juzgados.

En agosto de 2005, cuando Juan José Galeano fue destituido, su juzgado quedó vacante. Empezó el proceso para nombrar a un sucesor y, mientras tanto, asumió un subrogante. Este interino, que todavía está al frente del juzgado, es Octavio Aráoz de Lamadrid. Concursa para ser el titular del tribunal, pero obtuvo un 1 en el examen y quedó en el puesto 23.

No fue el único reprobado. De los 33 candidatos que se presentaron, más de la mitad no llegó al cuatro.

Quedó primero el juez de Lomas de Zamora Daniel Petrone; segundo, el fiscal Ignacio Rodríguez Varela, y tercero, el secretario de la Cámara Federal Marcelo Martínez de Giorgi (que hoy subroga otro juzgado vacante, el que ocupaba Jorge Urso).

Los aplazos hicieron que el concurso se llenara de impugaciones. Entonces, el Consejo convocó a un tribunal de juristas para revisar las evaluaciones. Fueron terminantes. Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano dijeron que el dictamen había sido casi perfecto y que difícilmente recordaban uno semejante en cuanto a la precisión. Lascano y Maier agregaron que si se hacía lugar a ese tipo de impugnaciones se llegaría al "desprestigio de los concursos".

El dictamen de los juristas tiene casi un año. Sin embargo, el concurso está frenado (el kirchnerismo intentó anularlo, dijeron tres consejeros) y los dos juzgados siguen con subrogantes.

A las vacantes de Galeano y Urso se sumará la de Guillermo Montenegro, el juez de la causa Skanska, que dejó su cargo para integrar el gabinete de Mauricio Macri en la ciudad (ayer Kirchner le aceptó la renuncia).

"Este concurso está empantanado, pero hubo peores", dijo el juez y presidente de la Comisión de Selección del Consejo, Luis María Bunge Campos. Junto con el kirchnerista Carlos Kunkel, redactó hace meses un predictamen, que mantiene el orden de mérito original en este concurso. Nunca se trató.

"El predictamen fue retirado a pedido de uno de los consejeros", informó Bunge Campos a LA NACION. No informó quién ni por qué.

En espera

El otro concurso para la justicia federal porteña, el de los camaristas, es más nuevo. Fue abierto para cubrir la vacante de Horacio Vigliani, que renunció en septiembre de 2006. El mes pasado se produjo la segunda vacante en la Cámara con la jubilación de Eduardo Luraschi. Se incorporó al mismo concurso.

En la actualidad, la sala II de la Cámara tiene dos jueces: Horacio Cattani y Martín Irurzun. La Sala I quedará con un juez, Eduardo Freiler, y un subrogante, Eduardo Farah, nombrado cuando la Corte todavía permitía designar a estos jueces suplentes.

"Habrá que adecuarse a la nueva situación. Es de esperar que todo se vaya acomodando", dijo Freiler a LA NACION. Hoy, muchos de los fallos del tribunal son firmados por dos jueces y se recurre a un tercero sólo cuando los dos de la sala no están de acuerdo. "Se hizo siempre, pero no se debería", dijo un funcionario de la Cámara.

En la causa ESMA quedará un sólo juez, Irurzun. Ni Cattani ni Freiler pueden intervenir, porque se excusaron. Deberá integrarse Farah. Así, una de las megacausas de derechos humanos tendrá sólo dos jueces, y uno de ellos, subrogante.