De nuestra consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de plantear ciertos aspectos de la crisis que actualmente atraviesa nuestra profesión y proponer algunas posibles soluciones para paliar la misma.
ANTECEDENTES:
Basándonos en lo dicho por usted en diversos discursos que "nuestro campo ocupacional no se reduce al ámbito jurisdiccional, pues la universidad nos ha pertrechado de talentos que podemos exhibirlos en el asesoramiento preventivo, actividad privada, docencia e investigación y demás", frase que consideramos se ha convertido en una utopía en casi la totalidad de nuestros colegas, con la salvedad, que esta utopía queremos hacerla realidad.
Los profesionales del derecho, por ahora, solo encontramos en la esfera del litigio judicial, la forma casi exclusiva de asegurarnos una justa retribución por nuestra labor, retribución que recientemente el órgano colegial declaró en estado de emergencia.
La limitación de nuestra acción profesional antes referida, se ha originado por disímiles causas, a veces atribuida al déficit legislativo y otras veces por inacción propia de los abogados, permitiendo el avance de diversas profesiones u oficios en terrenos que anteriormente eran propiedad exclusiva y excluyente del profesional del derecho.
Nuestras propias falencias han provocado el deterioro de la imagen social de nuestra profesión hemos quedado limitados a ejercer la profesión dentro de lo que se conoce como Tribunales y olvidamos que las Facultades de Derecho nos ha pertrechado de otras enseñanzas y nos ha capacitado para actuar en otros campos del derecho.
INJERENCIA DE OTRAS PROFESIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO:
Lamentablemente hemos permitido que en el ámbito del Derecho Societario y/o Concursal aparezca el profesional en Ciencias Económicas; en el ámbito de redacción de contratos o testamentos, aparezca la profesión de Notario – los cuales aparentemente y según informaciones extraoficiales pretenden obtener para si los tramites sucesorios – ; en el ámbito de la mediación, aparezca el profesional en Psicología y también, otras profesiones como el Corretaje Comercial, en materia de compraventa o locación; Gestoría, Mandatarios etc. han avanzado de tal manera en órbitas propias de nuestra profesión que en la actualidad observamos absortos que la sociedad civil prefiere, por ejemplo en la redacción de un contrato de locación, recurrir a un corredor inmobiliario antes que a un abogado, aun cuando el primero no alcanza un grado de especificidad que lo habilite para tal fin, ni en su mayoría cuenten con el titulo universitario habilitante que exige la ley Nacional Nro 25.028.
También advertimos que la misma ciudadanía considera mas preparado a un CPN que a un profesional del derecho en la órbita del Derecho Societario y Tributario.
Estas intromisiones – ejemplificativas y no taxativas – de otras profesiones en ámbitos de actuación exclusiva y excluyente de nuestros colegas han causado y continúan haciéndolo diversos perjuicios, no solo económicos sino que además deteriora progresivamente la imagen social del abogado, quien es el que en ultima instancias termina haciéndose cargo ante el cliente, en realidad, al que el cliente responsabiliza de los daños que causaron personas ajenas a nuestra profesión, por su actuación negligente, irresponsable y sin conocimientos específicos.
En vistas a lo anteriormente expuesto nos encontramos en la obligación de rechazar estas intromisiones y tenemos el compromiso de rectificar este actuar y colocar a nuestra profesión en la esfera que se merece e históricamente tuvo.
SITUACION DE APORTES:
La otra problemática que nos vemos en la obligación de poner en conocimiento es la relacionada con las exigencias de aportes a nuestras cajas profesionales y su relación con la realidad económica de la mayoría de los abogados.
Nuestras leyes obligan a los profesionales a efectuar aportes que muchas veces no alcanzan a cubrir, debiendo los mismos realizar convenios de pagos para saldar una deuda que año tras año se incrementa. Esta situación se agrava aun más en abogados con menos de 7 años en la matrícula.
Como se expresó, nuestra labor es desarrollada casi exclusivamente en el ámbito del litigio judicial, pues ello no solo nos asegura una justa retribución por nuestro trabajo, retribución que extrajudicialmente es siempre cuestionada cuando no vulnerada, sino que además nos asegura la realización de aportes a las cajas sociales, aportes que extrajudicialmente es casi imposible de ser cobrados a nuestros clientes.
Toda esta problemática obliga a nuestros colegas a retirar dinero de su peculio con el fin de cubrir un mínimo de aportes obligatorios, tratando de impedir el inicio de acciones judiciales por falta de pago de los mismos. En suma, y a diferencia de otras labores, generalmente los importes abonados en concepto de aportes jubilatorios, no se condice con el ingreso real de los profesionales.
Con estas presiones sobre los hombros de los colegas, muchos de los mismos recurren a judicializar conflictos, atiborrando de causas a nuestros juzgados, que posiblemente obtendrían solución en el ámbito preventivo o cuanto mucho en una mediación. Todo ello con el fin de asegurarse, reiteramos, una justa retribución por su labor y la realización de aportes para cubrir los mínimos obligatorios.
En ciertos casos muchos abogados, sobre todo los jóvenes, recurren a efectuar su tarea sin cobrar honorarios por ello con el solo fin de efectuar los aportes obligatorios.
Así se ha institucionalizado la realización de sucesiones "solo por los aportes" o como se publicita comercialmente "sin adelantos" atentando contra la retribución que el profesional debe obtener por la realización de su trabajo; creando una competencia desleal con otros colegas e infringiendo el art. 4 inc 3 de las pautas para la publicidad de los Servicios Profesionales de Abogados.
Esta actividad enunciada, en muchos casos necesaria, contribuyen a desprestigiar socialmente nuestra grata profesión, y es por ello que tenemos la obligación de apuntar y rectificar los errores de nuestra legislación y nuestro proceder, posibilitando que nuestros colegas actúen con la idea principal de defensa de los derechos de sus clientes, sin otro tipo de presiones que obliguen a la persecución de otros fines distintos a los que nuestra profesión pretende.
El tema del cumplimiento con los aportes a la Caja de Jubilaciones tiene otras aristas que reparte perjuicios tanto a los colegas que recién se inician como a los que ya tienen muchos años en el ejercicio. A estos últimos se les impide cumplir con los aportes adeudados durante sus primeros años de recibidos a pesar de la legislación operante a nivel nacional que permite aún cancelar aportes por actividades jamás desempeñadas, y en consecuencia deben seguir ejerciendo la profesión siendo que ya tienen la edad requerida más no los años completos con aportes. Si esto se modificara, podrían optar por dejar su lugar a los jóvenes, beneficiando a todos los colegas en general.
PROPUESTAS:
Dejando en claro que los problemas aquí planteados constituyen un escaso porcentaje de los que realmente aquejan a nuestros colegas, hemos elaborado unas propuestas que elevamos a usted para que en su carácter de presidente de nuestro colegio profesional cree un ámbito de discusión entre nuestros cofrades y sea elevada, en forma institucional ante quien corresponda para su implementación.
Las propuestas toman varias directrices fundamentales:
1. Mejorar la situación económica de nuestros colegas en general y en especial ante las cajas profesionales
2. Disminuir la ingerencia de otras profesiones u oficios en temas de neto corte abogadil, pretendiendo una reforma de las leyes vigentes y/o la estricta aplicación de las leyes actuales, como asimismo la creación de publicidades destinadas a la población en general con el objetivo de acercamiento entre los abogados y la sociedad civil.
3. Propender a una actividad preventiva de nuestra profesión y no como actualmente se desarrolla una función de salvataje
4. En virtud del trabajo en el ámbito preventivo, disminuir el ingreso de causas a Tribunales
INTERVENCION DEL ABOGADO EN MATERIA CONTRACTUAL
Nuestra propuesta consiste en tornar obligatoria la intervención de un profesional del derecho en todos los contratos, estatutos y/o convenios que se celebren en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Esta intervención estaría destinada a que el abogado redacte, evalué, explique, intervenga, certifique y en su caso inscriba ante los organismos correspondientes el contrato celebrado cobrando honorarios por esa actividad, que obviamente, es extrajudicial.
Se propone asimismo, que nuestro colegio tenga activa participación certificando la veracidad de la matrícula del profesional que intervenga.
El colegio será también el encargado de recibir los pagos de honorarios profesionales por la actividad extrajudicial, asegurando así una justa retribución profesional e impidiendo con ello que colegas ejerzan su labor por un monto menor al permitido. Una vez recibidos los pagos por el colegio, el mismo, deberá imputar los importes a cubrir, en principio, los aportes a las cajas profesionales, devolviendo el excedente al profesional.
La falta de intervención por un profesional del derecho en los contratos acarrearía la sanción de no poder los mismos ser presentados a juicio, garantizando con ello la actuación profesional y creando la conciencia social de la necesidad de ser asesorados por un experto en la materia.
DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE APORTES EN LA CAJA DE JUBILACIONES.
Preocupa entre nuestros colegas la falta de devolución de los excedentes de aportes a las cajas sociales de nuestra profesión.
En efecto, cuando un profesional se excede en sus aportes, los mismos quedan a favor de la caja que los recibe, sin siquiera ser devueltos al mismo o imputados a cuenta de futuros ejercicios para su ulterior jubilación.
Así, obligan a profesionales a realizar especulaciones al momento de efectuar los aportes obligatorios, especulaciones que redundan en perjuicio del cliente, pues en muchas ocasiones se difiere el aporte hacia el ejercicio posterior impidiendo, por ejemplo, la inscripción de divorcios, transferencias en sucesiones, etc. o demorando injustificadamente el trámite previsto por el ciudadano.
Dada esta situación, proponemos que el Colegio de Abogados realice las gestiones necesarias a fin de reveer este sistema y concluir con un régimen beneficioso tanto para el profesional como para el ciudadano, posibilitando que los aportes profesionales se realicen en cualquier tiempo y sin especulaciones de ningún tipo.
Para ello, se deberá asegurar al colegiado que, en caso de exceder sus aportes, los mismos, serán devueltos al finalizar el ejercicio y/o imputados para los ejercicios posteriores, teniendo así la seguridad que su dinero será atribuido exclusivamente para su beneficio jubilatorio o personal.
ESTRICTA APLICACIÓN DEL ART. 25 DE LA LEY 6767
Otra proposición a analizar, tiene relación con la inaplicabilidad en la práctica del art. 25 de nuestra ley provincial 6767.
Dicho articulo reza:"prohibiese la intervención por cuenta ajena de todo gestor o intermediario que no sea abogado o procurador en asuntos o gestiones administrativas ante cualquier repartición de la administración pública cuando se sustenten o controviertan derechos…"
Esta prohibición, expresada en una ley provincial, en la práctica no funciona como tal. Así vemos la proliferación de gestores o mandatarios que ejercitando labores o arrogándose derechos propios del profesional de la abogacía realizan trámites en perjuicio directo al ciudadano e indirecto a nuestros colegas.
Es por ello, que el Colegio de Abogados deberá implementar acciones tendientes a poner en conocimiento de la población esta prohibición y en lo posible anoticiar a las reparticiones u organismos publicas para que los mismos impidan la actuación de personas ajenas a nuestra profesión.
PUBLICIDAD OFICIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS
En relación a este tema, solicitamos que el Colegio de Abogados efectué campañas publicitarias tendientes a acercar al abogado a la sociedad civil, disminuyendo el gran desprestigio que actualmente posee esta profesión en el pensamiento de los ciudadanos.
Tales acciones deberán destinarse a la comprensión por parte de la sociedad civil de los beneficios de contar con un asesoramiento legal preventivo y eficaz, permitiendo con ello, tal vez, reducir el ingreso de causas al ámbito tribunalicio, lo que redundaría en un mejor servicio de justicia.
SOLICITUD FINAL
En base a estas proposiciones, y conforme a las funciones esenciales del Colegio establecidas en sus Estatutos en cuanto el Colegio de Abogados tiene como finalidad promover las medidas conducentes a asegurar a los abogados una justa retribución que afirme su independencia económica y amparar los derechos e inmunidades de los abogados velando para que estos gocen de la libertad necesaria para el ejercicio de la profesión, defendiendo la jerarquía de la abogacía y enalteciendo el concepto publico de la profesión solicitamos a usted que en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario proceda a convocar una Asamblea Extraordinaria que incluya en el orden del día el tratamiento de los temas que aquí se proponen y los que el directorio considere necesarios para una pronta solucion a esta problemática creando un ámbito de discusión y elaboración de propuestas cuya finalidad esté destinada a la solución de la crisis que aqueja a nuestra profesión.
Lo saludamos cordialmente