El ex tesorero y un ex empleado de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Emaco SA, Cobraco SA y Olmatic SA irán a juicio por administración fraudulenta (el segundo como partícipe primario y el primero, además, por falsificación de documento público). La UTE se encargó de la recolección de residuos, barrido y limpieza de parte de la ciudad entre 1993 y 2001, período en que el servicio le fue concesionado por la Municipalidad.

La causa penal se inició en 2001 en el juzgado de instrucción a cargo de María Luisa Pérez Vara. La magistrada investigó a ocho personas, entre ellas cinco cajeros del Banco Municipal, para determinar si habían obtenido provecho propio con el depósito de cheques de la UTE en las cuentas corrientes personales de dos de sus dependientes, entre otras maniobras.

En agosto de 2005, Pérez Vara concluyó que no había elementos incriminantes suficientes contra los sospechosos. Según recordaron fuentes judiciales, la funcionaria entendió que en todo caso se habrían producido desórdenes administrativos o problemas tributarios pero no delitos. La Fiscalía, sin embargo, no estuvo de acuerdo con este pronunciamiento y apeló las actuaciones, que subieron a la sala IV de la Cámara Penal.

Revocatoria

En mayo del año pasado, los vocales Antonio Paolicelli, Rubén Jukic y Guillermo Fierro revocaron parcialmente los autos de falta de mérito contra el ex tesorero de la UTE y uno de los empleados, a quienes la Fiscalía había señalado. Ambos tenían cuentas a su nombre, donde según la acusación se giraban fondos de la empresa, y serían los que se beneficiaron con la maniobra. En síntesis, fueron definitivamente desvinculados los cinco cajeros y el ex contador de la UTE, pero la investigación continuó en relación a los titulares de las cuentas corrientes.

La jueza Pérez Vara volvió a expedirse a los pocos días y los procesó, pero su resolución esta vez no conformó a los imputados, que apelaron. El expediente volvió a la sala IV de la Cámara, que recién el mes pasado confirmó los procesamientos del tesorero por administración fraudulenta y falsificación de documento público en concurso real y del otro empleado como partícipe primario del delito de administración fraudulenta. Ilícitos que no es común que lleguen a juicio en los tribunales locales.
La primera resolución de la alzada, de mayo de 2006, había sugerido profundizar la investigación adoptando una serie de medidas. Sin embargo, éstas no se ordenaron en el juzgado de primera instancia porque ya se habían vencido los plazos de la instrucción. El juez de Sentencia que tome el caso deberá decidir si les da curso. El expediente se inició luego de un procedimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que también sería víctima de algunas maniobras, como la evasión de impuestos. Pero la denuncia no fue radicada por la Afip sino por personal de la UTE.

Esta unión de empresas, que según confirmaron fuentes del municipio ya se disolvió, obtuvo la concesión del servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza de una parte de Rosario cuando era intendente Héctor Cavallero. El ex jefe comunal le adjudicó el contrato por seis años el 19 de enero de 1993.

La histórica empresa 9 de Julio y Serveco prestaban el servicio en las otras zonas en las que fue dividida la ciudad. Los contratos de la UTE y las otras dos empresas fueron prorrogados en 1999, hasta que en febrero de 2001 comenzó a regir una nueva concesión.