Se desarrolló esta tarde una nueva reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, donde se confirmó la reformulación del Consejo de la Magistratura, uno de los principales temas propuestos por el gobernador Hermes Binner en su campaña electoral.

Para el mismo se tomó como modelo el Consejo de la Magistratura Nacional, de acuerdo a lo que anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Héctor Superti, que también adelantó que se suprime la participación de un delegado del gobernador y la intervención del delegado de la Corte.

"Con estas modificaciones buscamos transparencia, excelencia, celeridad y la participación de los ciudadanos", afirmó el ministro.

Esta reformulación del Consejo se concretó con la firma del decreto Nº 0164, por el cual también se deja sin efecto los decretos 2952/90 y 2391/02.

En el mismo, los puntos sobresalientes son la cración en la Provincia de Santa Fe del Consejo de la Magistratura: "El mismo será un órgano asesor del Poder Ejecutivo que tendrá como función esencial proponer a éste, mediante concursos y entrevistas públicas, los candidatos para cubrir las vacantes en las cámaras de apelación, jueces de primera instancia, tribunales colegiados de instancia única y demás tribunales y jueces establecidos por ley, excluido el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General".

También está reglamentado en uno de sus artículos que el Consejo de la Magistratura se integra por un Presidente, un Secretario, un Cuerpo Colegiado de Evaluación Técnica y un Cuerpo Colegiado Entrevistador. El cargo de Presidente será ejercido por el Secretario de Justicia, mientras que el de Secretario por el Director Provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales.

Además se contempla la participación ciudadana en la elección de los miembros del Cuerpo. En primer lugar las entrevistas que se realizarán a los candidatos serán orales y públicas y, en segundo lugar, "los ciudadanos podrán remitir preguntas al Cuerpo Colegiado Entrevistador para ser realizadas a todos los postulantes en la entrevista oral y pública, con las modalidades que el Presidente o la reglamentación que se dicte establezca", para lo cual está previsto que "no se admitirán las preguntas que importen actos discriminatorios ni las que trasunten cuestiones referidas a situaciones personales de los postulantes".