El ítem de reclamos recibidos por la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo de la provincia que más creció en 2007 fue, según los datos del propio organismo, los referidos a las multas de tránsito. De acuerdo al informe, el año pasado la dependencia a cargo de Carlos Bermúdez recibió un 380 por ciento más de quejas en relación a ese tema, de las 25.699 que ingresaron a la oficina de pasaje Álvarez al 1500.
"Durante 2006 se habían presentado 1.656 quejas por actas de infracción labradas en la provincia de Santa Fe, y 1.321 por actas labradas en otros distritos del país", señala el informe de gestión de la Defensoría, difundido ayer a los medios de comunicación. "Pero en 2007, los reclamos por multas en los municipios y comunas de la provincia treparon a 6.299, un incremento del 380 por ciento con relación al año anterior", sigue el documento, lo cual debería evidenciar o bien la puesta en marcha de una intensiva política de ordenamiento del tránsito o ya un fervoroso afán recaudador de parte de las administraciones locales.
"Los reclamos por multas en otras provincias fueron 1.578, lo que supuso un aumento del 14 por ciento en relación a 2006", continúa el documento elaborado por la Defensoría, y brinda un pista de cuál de las alternativas antes mencionadas lleva a la verdad. Dentro de este rubro de reclamos, "se incluyen multas por exceso de velocidad, ausencia de luces bajas obligatorias para el tránsito en rutas, sobrepaso indebido y cruce de semáforo en rojo", explica el organismo.
En ese sentido, la Defensoría aclara que "en estas temáticas se ha fijado una postura institucional que no pretende defender a los infractores, sino que apunta a que el Estado en cualquiera de sus niveles (municipal, provincial o nacional) sea el primero en cumplir con la ley para luego aplicarla".
Y sigue: "La Defensoría insta a que se cumpla con los requisitos establecidos por la ley nacional de tránsito Nº 24.449, propendiendo a la educación vial y a la sanción del conductor (en vez de la sanción sobre el vehículo), en la convicción de que la norma debe utilizarse para garantizar la seguridad vial y no para recaudar".
De acuerdo al informe, "el 36,11 por ciento de las consultas" realizadas ante la sede local de la Defensoría en 2007 "se refirieron a temas particulares, en los cuales los ciudadanos y ciudadanas asisten en busca de asesoramiento legal por los motivos más variados: problemas laborales, penales, familiares, entre vecinos, etcétera".
Muchos de esos casos se canalizan a través del Centro de Mediación que posee el organismo santafesino, que representa un "mecanismo de resolución alternativa de conflictos voluntario, gratuito, veloz, confidencial y creativo".
También se atendieron, agrega el informe, numerosos reclamos (10,76 por ciento del total) referidos "a servicios públicos, especialmente a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a Aguas Santafesinas SA (Assa)".
Finalmente, la Defensoría recibió también 2.721 reclamos referidos al ámbito nacional, sobre el cual no posee competencia, aunque dispone de una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación para responder a esas inquietudes. También durante 2007 se iniciaron 800 trámites en la Defensoría de constitución de la vivienda como bien de familia, lo cual le da al inmueble el carácter de inembargable.
La recaudación versus la concientización
El debate sobre la concientización de la población acerca del cumplimiento de las normas de tránsito y la mera recaudación quedó resuelto para el municipio de Rosario, ya que en el presupuesto 2007 hizo una previsión por cobro de multas (la mayor parte son de tránsito) de 16 millones de pesos, mientras que en 2006 había recaudado en ese concepto unos 9 millones. Así que, salvo que la gestión local supiera que en 2007 los rosarinos iban a padecer una indeclinable tentación por infringir las normas de tránsito, la estimación de sus números deja en claro el objetivo -también claro- de incrementar recursos propios por vía de la confección de "boletas" por doquier.
