El caso del sistema de represión por uso ilegal de los espacios públicos es uno de ellos. Es cierto que en tiempos de crisis y pobrezas las autoridades nacionales o provinciales prescindieron de la represión ante cortes de rutas y calles, para no agravar los hechos; pero desde que el Perro Santillán descubrió en Salta el poder de cegar una ruta para usar a la televisión porteña hasta hoy, los abusos fueron los únicos que evolucionaron.

Excepto en Puerto Madero. Allí, los asambleístas de Gualeguaychú son custodiados por Prefectura -que es el órgano encargado de ejercer el poder de policía- bajo pena de represión y detención si cortan calles o impiden la libre circulación. Es decir, los mismos manifestantes que pueden cortar rutas y cerrar fronteras internacionales en territorio entrerriano, e incluso emiten autorizaciones excepcionales de paso como si fuesen gendarmes plenipotenciarios, son sometidos al poder público allí donde los edificios modernos florecen bajo la atenta mirada de la Casa Rosada.

En el exclusivo barrio donde el hombre del matrimonio presidencial ha constituido sus oficinas, la Prefectura también reprime a los empleados del Casino cuyo propietario es un allegado del ex mandatario.

Por algún motivo, en Puerto Madero se cumple con la ley y se ejerce el poder de policía que no rige ni en el resto de Capital Federal ni en el resto del país. Salvo casos aislados que -singularmente- son cercanos a Santa Cruz y tienen por escenario el mundo del petróleo. Alguien debería explicar por qué.