La maniobra, según fuentes tribunalicias, no se habría podido realizar sin la intervención de empleados de la mencionada oficina pública y de escribanos. En ese orden, en los últimos días fueron allanados el mismo Registro y dos escribanías de renombre de la ciudad, oficinas en las cuales se secuestró importante documentación vinculada al hecho.

La denuncia que originó la investigación fue presentada ante la fiscal Rita Schiappa Pietra por un hombre de 84 años, patrocinado por abogados locales. El denunciante es propietario de un predio de 10 hectáreas ubicado en inmediaciones de bulevar Avellaneda y avenida Uriburu y valuado en algo más de 4 millones de dólares. En la presentación se sostiene que ese predio está registrado desde el año 2004 como un bien litigioso, es decir que no se puede disponer de él para realizar operaciones comerciales, y que sin embargo fue vendido a una empresa de Rosario a fines del año pasado mediante una escritura falsa en la que intervinino una escribanía y que se registró con complicidad de empleados del Registro de la Propiedad.

La maniobra. Bajo el pedido de una estricta reserva de nombres de las personas involucradas, los abogados del damnificado por la estafa desgranaron a La Capital la letra chica de la maniobra. "Todo comenzó en 1999 cuando el denunciante adquirió el predio por boleto de compraventa y ante la negativa de la vendedora a escriturar inició el correspondiente juicio de cumplimiento contractual y daños y perjuicios. Para asegurar su derecho, inscribió el bien como litigioso", dijeron los profesionales. Es decir que el terreno aparecía a nombre de la mujer vendedora pero la misma no podía disponer del mismo. "Y eso quedó asentado en el Registro de la Propiedad ya que, mediante una medida cautelar del juzgado Civil y Comercial 12, el bien se inscribió como un bien litigioso".

Sin embargo, en febrero de este año, el llamado telefónico de una abogada a los representantes legales del dueño legal del terreno encendió la luz de alarma. "La profesional, en nombre de una empresa rosarina, hizo una oferta de compra del predio". Y cuando los abogados le dijeron que el mismo no estaba a la venta y que permanecía como bien litigioso, la mujer corrió el velo: "La abogada nos dijo que eso era imposible, que la propiedad ya había sido transferida y que estaba libre de embargos".

La denuncia. Así las cosas, el dueño del terreno denunció en Tribunales que el inmueble se había vendido cuando, legalmente, había impedimentos para hacerlo. La fiscal Schiappa Pietra le solicitó al juez de Instrucción 8, Juan José Pazos, que ordene una serie de medidas cautelares en el marco de la investigación. Y, en ese orden, la mañana del jueves se hizo un allanamiento a las oficinas del Registro, en Urquiza al 1100.

Allí, según lo revelado por los voceros, se recolectaron "pruebas de suma importancia para la causa". De acuerdo a lo trascendido, el operativo permitió descubrir que autores desconocidos pero con acceso a la documentación que se maneja en el Registro, se robaron los cinco folios del tomo donde el predio estaba anotado como bien litigioso; permitieron que la nueva escritura de venta se realizara sobre lo que se da en llamar "antelado", es decir la inscripción anterior a ese momento; y sustrajeron los folios donde esta nueva venta debería haber sido registrada.

Profesionales. Pero para que la operación defraudatoria se realice se necesitó de otras manos. Es que en el "antelado" utilizado para la registración de la venta figuran no sólo la ubicación del inmueble y el nombre del titular, sino también si el mismo tiene hipotecas, embargos o inhibiciones. Para conocer si esas imposibilidades existían, uno de los escribanos presuntamente involucrados en la maniobra presentó a fines de 2007 los pedidos de certificados correspondientes. "Pero esas solicitudes no entraron por derecha al Registro y no quedaron asentadas ni en los mecanismos informáticos ni en los manuales", confiaron los abogados.

Sin embargo, alguien de adentro del Registro emitió los certificados solicitados por el escribano dando a entender que el bien estaba disponible y posibilitando la venta del mismo a la empresa en cuestión.

Así, poco después y con la numeración correspondiente a esos documentos truchos los adquirentes del predio registraron la nueva escritura, aunque, misteriosamente, lo inscribieron en el Registro de la Propiedad, pero como un terreno correspondiente al departamento Constitución, cuando el inmueble en realidad corresponde al departamento Rosario.