La Justicia tendría la llave para frenar el conflictivo escenario planteado entre el Gobierno y el campo si sólo hace lugar a algunos de los pedidos de "no innovar", que suspenderían los efectos de las polémicas retenciones agropecuarias y fueron reclamados en el marco de distintas denuncias en los tribunales federales porteños.

Así se desprende de un relevamiento sobre los cuestionamientos judiciales al aumento de las retenciones a las exportaciones de granos que llegaron al fuero en lo Contencioso administrativo Federal -que se ocupa de velar por la legalidad de los actos de Gobierno-, y al Criminal y Correccional Federal, que analiza la conducta de los funcionarios.

Ayer la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) recurrió a los tribunales en lo Contencioso Administrativo para que declare la inconstitucionalidad de los tramos del Código Aduanero del régimen de Juan Carlos Onganía y del decreto 2752 del gobierno de Carlos Menem que delegaron facultades tributarias al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía -respectivamente- para fijar nuevas normas impositivas.

A través de un recurso de amparo, ADE -que representa "a cientos de empresas de distintos sectores, entre ellos el agropecuario y el energético", explicó- denunció que los decretos del Gobierno actual que aumentaron las retenciones "violan los preceptos constitucionales fundamentales como el de la propiedad y el de no confiscatoriedad", y acusó a la administración de Cristina Kirchner de actuar "cegada por la voracidad fiscal".

Pero a la espera de que se analice si corresponde dictar la nulidad de las medidas, la ADE, con la firma de su presidente, Gastón O’Donnell, pidió en el escrito que "se decrete la prohibición de no innovar, retrotrayendo la situación que existía antes del dictado de las resoluciones 125/08, 126//8 y 141/08 de Economía y se suspenda la aplicación" de esas normas.

"Existe peligro en la demora, pues el dictado de las medidas en crisis ha provocado un estado de movilización de todos los empresarios agropecuarios del país al que se le han sumado comerciantes, profesionales y empleados. Todo ello se ha visto claramente con el ‘paro agropecuario’ que, de avanzar, puede llegar a poner en peligro la ‘paz social’", reclamó.

El pedido de ADE -ahora en manos del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo 9- se asemeja al planteo que este martes recibió el juez federal porteño Julián Ercolini, donde además se denunciaba al ministro de Economía, Martín Lousteau, por "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".

El abogado denunciante, Denis Pitte Fletcher,: "Hasta antes del cacerolazo, la Justicia parecía ser la solución viable porque el Gobierno no quería bajarse y la gente del campo, que es mansa, esperaba una señal. Con solo aceptar el recurso de no innovar, la situación se descomprime".

Mientras tanto, un consultor de negocios, Jorge Zatloukal, también pidió, pero en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido, que se investigue "criminalmente" al ministro Lousteau y a "quienes además pudiere corresponder" por la "presunta imposición de tributos sin ley formal mediante modificaciones de derechos de exportación y fórmulas de determinación aplicable a determinadas posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas, y la omisión de coparticipación federal con las provincias de los recursos confiscados".

Las denuncias de la ADE, la del abogado en los tribunales de Comodoro Py 2002 y la del consultor en la Fiscalía tienen un punto en común: acusan el carácter "confiscatorio" de las normas dictadas por el Gobierno y la vulneración de la Carta Magna y piden volver atrás la situación.