"No hay una crisis en el Poder Judicial; es el Poder Judicial el que está en crisis. El problema es del sistema jurídico".

"La Justicia lenta puede llegar a afectar el país. Sería interesante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniera ‘per saltum’ y definiera si las retenciones al agro son o no constitucionales. Si dicen que sí, todos nos alineamos bajo la idea de legalidad y tratamos de convencer al sector para que desistan de sus planteos; si no lo son, para que el Gobierno no tenga que soportar, dentro de 10 años, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados", advirtió el abogado Efraín Hugo Richard, en su reciente visita a la provincia para participar, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), de la Quinta Jornada de Concursos y Quiebras.
El reconocido experto cordobés remarcó, en una entrevista con el suplemento Tribunales de LA GACETA, que la Argentina está envuelta en una situación muy particular como consecuencia de la crisis energética y de alimentos que azota a todo el mundo, aunque admitió que en el país hay situaciones especiales que la agravan.

– ¿Cómo evolucionará la realidad que describe?
– Me preocupa esta supuesta situación de bonanza económica. En 1995, pronosticamos el fin de la convertibilidad y la imposibilidad del país de pagar la deuda externa; seguimos seis años con el mismo festival, lo que fue generando una corrosión del sistema productivo, un aumento de la pobreza y un incremento de la marginalidad. En 2002, anunciamos una crisis financiera mundial, que explotó luego. Ahora, si no aprovechamos el desarrollo y la conquista de los mercados en términos de energía y de alimentos, estaremos en problemas; dentro de pocos años puede desaparecer todo este confort aparente.

– ¿Somos víctimas de la globalización?
– La única globalización que existe, aparte de la cultural, es la financiera, que es nefasta y perjudicial para el país. Muchos bancos manejan negocios en el exterior, pero realizados en el país, por lo cual distraen fondos, lo que sigue aumentando la marginalidad, que ya está muy pronunciada, aunque algo oculta en formas y en apariencias. Cuanto más hay, más riesgo existe, y se generan situaciones de gravedad institucional de una significación que no tomamos conciencia. Tenemos una inseguridad económica; otra jurídica, que es muy importante porque el sistema judicial es muy lento lo que favorece los incumplimientos y hasta los incentiva (lo que no tiene nada que ver con la capacidad y la honestidad de los jueces, de quienes no desconfío) y la violencia física, que se revela en las calles y en los negocios.

– ¿Se puede revertir ese diagnóstico?
– Teníamos una clase media muy ancha y muy móvil; había ricos y había pobres, lo cual es imposible de evitar. Pero la miseria urbana de hoy es terrorífica frente a la globalización cultural, particularmente cuando se enfrenta lo que se mira por la televisión con lo que se ve en la calle y en los hogares, con lo que se puede comprar con los salarios o subsalarios, si lo tienen.

– ¿La crisis del campo es, entonces, sólo un síntoma?
– Es posible que los dos sectores tengan razón, porque cuando no son fijados claramente los objetivos sobre agroindustria y ganadería a 10 años de plazo, los técnicos y las universidades no pueden ayudar, por ejemplo, a determinar si las retenciones son el mejor instrumento técnico. Por un lado, se usa la idea de que con las retenciones se van a distribuir mejor los ingresos, sobre lo cual tengo mis dudas si no se usa el sistema federal de coparticipación; y del otro bando se afirma que este sistema no genera riqueza.

– ¿Cómo impacta la situación general en el Derecho Comercial y Societario?
– So pretexto del incumplimiento de los compromisos por las sucesivas crisis económicas, vivimos unas crisis concursales que son inaceptables y sobre las cuales tratamos, desde el punto de vista doctrinal, de dar una mirada diferente de la que está en los libros y de lo que se decide en la jurisprudencia. Es absurda cierta aplicación del sistema concursal, porque sirve para enriquecer a los que tienen el problema, que es la sociedad en insolvencia, y hacer recaer todo el peso del conflicto en los acreedores; no se usa ni siquiera la teoría del esfuerzo compartido, que es la doctrina de la Corte y de toda la jurisprudencia nacional, sino que todo termina sólo a cargo de los acreedores, que no tuvieron nada que ver con el manejo conflictivo de la empresa.

– A partir de su análisis, ¿propone un nuevo esquema legal?
– Desde hace muchos años me acostumbré a trabajar sobre la ley dada, no sobre la futura. Trato de dar una nueva lectura, la que no puede ser fragmentada, de releer todo el sistema jurídico, no sólo la Ley de Concursos, sin mirar también el Código Civil, la Constitución, la Ley de Sociedades, porque un todo integrado permite recomponer el sistema actual.

– ¿Cuál es el panorama judicial en la Argentina?
– Distingo Poder Judicial de sistema judicial y sistema jurídico, que son lentos. Cuando se habla de Poder Judicial, se habla del rol institucional que tiene en el Estado. Particularmente, respecto de ciertos temas que hacen al interés nacional, a la convivencia, a la necesidad de inmediatez, entiendo que debería intervenir rápidamente para evitar los efectos nefastos de ciertos enfrentamientos ideológicos y materiales que temo en la Argentina.

– ¿Está en crisis la Justicia?
– No hay una crisis en el Poder Judicial; es el Poder Judicial el que está en crisis, aunque personalmente no tenga dudas de que los jueces (salvo contadas excepciones) son muy capaces y muy honestos. El problema es del sistema judicial y jurídico. Cuando una casación demora cuatro años, se complica todo. Cuando se revisan las estadísticas, se ve que el tribunal está sacando 200 sentencias por mes, pero le entraron 300 causas. Hay que cambiar el sistema. Antes llegaban a la Corte muy pocas cosas, pero después, ignoro por qué criterio, los mismos altos tribunales se fueron arrogando cada vez más facultades y aceptando más juicios, sin que tengan capacidad física, no hablo de lo jurídico, de absorber ese aumento.

– Tucumán encaró la redacción de un Digesto Jurídico Provincial. ¿Qué importancia tiene esta iniciativa?
– Los países con muchas normas suelen ser más propensos a la corrupción, porque el pueblo no puede conocer la totalidad de las normas; en realidad, nadie puede hacerlo. A nivel nacional, hace ya muchos años se dictó una ley para que se elabore el Digesto y la tarea estuvo a cargo de Atilio Alterini, que trabajó en el último piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero no se logra adelantar ni definir el tema, porque es demasiado complicado. La ley decía que sólo las leyes que se publiquen en el Digesto quedarán las vigentes, pero no se animan a derogar las otras.