Tal como han expresado ya algunas voces en las últimas horas, llegará el día en que inevitablemente la Justicia deba establecer si el mecanismo de retenciones móviles aplicado por el gobierno para gravar la producción del campo es o no una medida constitucional, ya que existen en distintos tribunales del país planteos que cuestionan su legitimidad y están pendientes de resolución.

Esos planteos están radicados en diferentes instancias y no es difícil suponer que no se resolverán sino hasta llegar a la última, que es el máximo tribunal de la Nación, razón por la cual no es descabellado esperar un gesto -jurídico, no político- de la Corte para acelerar un pronunciamiento y de paso instar a las partes enfrentadas a negociar una salida consensuada a una crisis que amenaza a toda la Nación.

La Corte dispone de un mecanismo para hacerlo, que es el per saltum: podría pedirles a los tribunales inferiores que tramitan recursos de amparo de los productores contra las retenciones que eleven esos procesos para resolver cuanto antes, en un único fallo aplicable a todos los planteos similares.

Sería, sin dudas, una contribución importante de un poder de la Nación para resolver un aspecto del conflicto, el judicial, que podría conducir a su vez a una solución política. El país lo necesita con urgencia.