La llegada del odontólogo Ricardo Barreda al barrio de Belgrano y el pedido de Robledo Puch volvieron a poner en la mira al régimen que permite a ciertos presos cumplir condena dentro de su casa. Los defensores de este beneficio lo consideran una alternativa para el colapsado sistema carcelario y una herramienta para favorecer la reinserción social. Sin embargo, hay problemas con su supervisión. Los detenidos no tienen custodia policial y las tobilleras magnéticas sólo se aplican en 300 presos bonaerenses. Muchas veces son los abogados, vecinos o querellantes quienes se convierten en agentes de control.
La reacción fue dual. Por un lado, estaban quienes festejaban con pancartas de bienvenida. Pero por el otro, los vecinos se quejaban por el nuevo huésped del barrio de Belgrano. Desde que hace dos semanas se conoció que Ricardo Barreda -condenado por haber matado a su mujer, su suegra y sus dos hijas- iba a cumplir arresto domiciliario en la casa de su novia, se reactivó una polémica siempre vigente e inconclusa. ¿Cuáles son los criterios para conceder o no este tipo de beneficio? ¿Funciona el sistema? ¿Hay control efectivo?
Pero éste no fue el único caso que reavivó la controversia. El ejemplo del odontólogo alentó a Carlos Robledo Puch -condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios, 17 robos, una violación y dos raptos-, a pedir lo mismo. A la memoria popular vuelven los casos de aquellos represores que violaron la prohibición de salir de sus domicilios, como Albano Harguindeguy, Eduardo Massera y Guillermo Suárez Mason, entre otros (ver recuadro). Pero a la vez, con un sistema de cárceles colapsado, el régimen se presenta como una opción que favorece, entre otras cosas, la reinserción de los presos.
Control. Hoy pueden cumplir la pena en sus domicilios los mayores de setenta años, personas con una enfermedad terminal o que no puedan valerse por sí mismos. Además, este tipo de arrestos rige también para los procesados con prisión preventiva que esperan sentencia en sus casas y no en cárceles o comisarías. A todos se les solicita como garantía una persona que se responsabilice por el cumplimiento de las condiciones. Hay dos puntos básicos que pueden anular el beneficio: cometer un nuevo delito o violar la obligación de residencia.
El Código Penal, sancionado en 1921, ya preveía este sistema y aún conserva su redacción anacrónica aclarando que rige para, entre otros casos, "las mujeres honestas". De todas maneras la prisión domiciliaria casi no se aplicó hasta la promulgación de la Ley de Ejecución Penal de la Nación en 1996 y la reforma del Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires en 1999.
El Patronato de Liberados es el organismo estatal que cumple la función de supervisión, asistencia, tratamiento e inclusión social de las personas que cumplen condenas o medidas judiciales en libertad. Entre otras tareas, debe hacer el seguimiento de aquellos presos que cumplen arresto domiciliario. Hoy todavía quedan provincias que no tienen Patronato como La Rioja, Chubut y San Luis. La Ciudad de Buenos Aires y La Pampa son los dos distritos en los que el organismo no depende de los ministerios de Justicia sino que son organizaciones no gubernamentales.
"La parte que le corresponde al Patronato es la supervisión, pero el control social no es vigilancia. Un asistente social visita al preso en su domicilio sin anuncio previo y chequea que esté allí", resume Norma Terrile, coordinadora técnica del Patronato de Liberados porteño. En la Ciudad de Buenos Aires hay 71 personas que cumplen arresto en su hogar, y son sólo cinco los profesionales a cargo del seguimiento. "Con este número alcanza. La cantidad de visitas depende del pedido o no del Tribunal, pero nunca se hacen menos de dos encuentros mensuales", aclara.
El régimen de control divide aguas. Por un lado, hay jueces y fiscales que apoyan y confían en el sistema tal cual está. Pero por el otro, hay quienes ofrecen cierta resistencia y prefieren la opción convencional de cumplir las condenas en las cárceles. "Es cierto que hay que tener una medida alternativa a la prisión porque ya no hay lugar físico y hay que descomprimir las cárceles. Pero en la práctica es muy difícil el control de la prisión domiciliaria. Se suma a eso que si el preso es alguien desconocido, nadie se va a dar cuenta si sale o no de su casa", critica un fiscal que prefiere el anonimato.
Más allá del imaginario popular, alimentado en muchos casos por películas o series norteamericanas, los presos domiciliarios en Argentina no tienen un policía apostado en la puerta. La mayoría tampoco cuenta con una tobillera magnética. El sistema de monitoreo electrónico es un programa del Servicio Penitenciario Bonaerense que rige, por ahora, sólo para 300 presos. "Hicimos una evaluación de la reincidencia de los internos que habían estado con monitoreo electrónico en comparación con los que cumplieron el total de la pena en prisión. Los resultados preliminares muestran que el efecto es positivo, la probabilidad de que cometan un nuevo delito es menor y se favorece la reinserción", describe Juan Marcos Wlasiuk, integrante de un equipo de profesionales de la Universidad Di Tella que está investigando el sistema.
De todas maneras, el control mediante la tecnología también mostró fisuras. En la Justicia hay casos de presos con tobillera que fueron encontrados in fraganti cometiendo un nuevo delito, aprovechando ciertos permisos otorgados por el juez para ausentarse unas horas de sus casas para trabajar, estudiar o hacer algún tratamiento médico.
En la Provincia de Buenos Aires es donde el arresto domiciliario está más extendido, ya que hay 1.400 personas en esa situación, lo que da un promedio de un detenido cada 10 mil bonaerenses. Para Juan Carlos Anglada, presidente del Patronato de Liberados provincial, la tobillera no es necesaria. "Nuestra forma de trabajar se centra más en la confianza mutua y en la aceptación de la otra persona de las reglas de conducta que le impone el juez, sin necesidad de un control adicional por un medio electrónico. No somos policías ni gendarmes, sino que usamos distintos mecanismos de supervisión. En general no se dieron fugas, sino más que nada violaciones del lugar de residencia. Sí hay casos de fuga con gente que rompió las tobilleras".
Hoy el Patronato de la Provincia cuenta con una planta de 840 trabajadores y asistentes sociales que supervisan una población de 39.500 tutelados (entre los que se encuentran los presos domiciliarios, sumados a casos de probation, libertad asistida y condicional, entre otros). "Estamos en un proceso de fortalecimiento. Partimos hace cuatro años de una situación muy crítica en la cual éramos ochenta personas, de las cuales no llegaban a treinta asistentes sociales para 38 mil personas. O sea, había un asistente social cada 1.200 tutelados. Hoy hay un asistente cada 47 tutelados", grafica Anglada.
Julia Márquez, jueza de Ejecución de Quilmes, conoce el tema de cerca y confía en el sistema. Y suma un nuevo dato: más allá de las supervisiones de los patronatos, a veces los querellantes y sus allegados se convierten en agentes de control. "Uno desde el juzgado se entera de lo que está pasando porque viene alguien a contarte que vio un detenido que violó el arresto. Muchos casos públicos que se conocieron en los medios surgieron porque la gente acerca la información".
Criterios. Para Cristina Caamaño, fiscal y directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), "el régimen debería ampliarse, sobre todo en penales sobrepoblados, porque no se puede tener a la gente en condiciones infrahumanas. Además tenemos un proyecto para que las mujeres con niños menores cumplan la pena en su casa".
Para Caamaño el verdadero quid de la cuestión radica en los criterios de selección: "Hay miles de presos que merecen más el arresto domiciliario que los detenidos por delitos de lesa humanidad que asesinaron, torturaron, hicieron desaparecer a treinta mil personas y saquearon al país. Además, no conozco muchos casos de infracción al arresto domiciliario. Los que más lo han incumplido son justamente los genocidas". El problema, agrega Natalia Belmont, coordinadora del Inecip, "es una Justicia selectiva a nivel de clase donde determinadas personas con poder acceden al beneficio y las clases bajas, no".
La polémica sobre la prisión hogareña está lejos de agotarse. Para algunos es la medida más efectiva a fin de favorecer la reinserción social y evitar las cárceles que funcionan, en muchos casos, como escuelas del delito. Para otros, todo se resume en la trillada frase: "Entran por una puerta y salen por la otra". El debate está abierto.
Un beneficio para represores y famosos
Ricardo Barreda, Antonio Bussi, Gregorio Ríos, Raúl Alberto de la Torre y Jorge Rafael Videla tienen, al menos, un punto en común. Todos hoy están presos dentro de las cuatro paredes de sus propias casas. Por delitos distintos, por motivos distintos, por leyes distintas, pero están ahí.
Gregorio Ríos, instigador del crimen de José Luis Cabezas, salió de la cárcel en 2006 directo a su casa en Acassuso. Su abogado explicó que le dieron el beneficio en base a la derogada ley 23.390, más conocida como 2 x 1. Sin embargo, aunque la Cámara Penal de Dolores había indicado que debían ponerle una tobillera electrónica, el Servicio Penitenciario bonaerense acusó falta de stock. Ríos igual pudo salir de prisión sin tampoco tener un custodio en la puerta de su casa. Su esposa, Rosa Rodríguez, fue la única garantía de que no iba a fugarse.
Videla es uno de los tantos condenados por delitos de lesa humanidad que cumple arresto domiciliario. Desde 1998 vive en su departamento de Cabildo 639, en Belgrano. Aunque no pudo comprobarse, los vecinos comentan que el ex presidente de facto suele violar el arresto para ir a misa los domingos. El ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, fue uno de los que burló el arresto visitando un balneario de Pinamar. También infringieron la norma Eduardo Massera, Guillermo Suárez Mason y Pascual Oscar Guerrieri. Miguel Etchecolatz, en tanto, perdió el beneficio porque se le encontró un arma en su casa.
Hay proyectos de ley que proponen prohibir la aplicación de la prisión domiciliaria a acusados de delitos de lesa humanidad, aunque sean mayores de setenta.
Raúl Alberto De la Torre fue uno de los protagonistas del robo del siglo, en el Banco Río que queda a pocas cuadras del hogar de Gregorio Ríos. Hoy aguarda la llegada del juicio oral en su casa del barrio de Flores. La gran mayoría de los acusados por el asalto está en igual situación.
Es larga la lista de personajes conocidos que estuvieron alguna vez en la misma situación. Omar Chabán, dueño de Cromañón y principal imputado por la masacre, estuvo encerrado en una casa alquilada en el Delta bonaerense, con custodia de la Prefectura nacional y la Policía. El ex presidente Carlos Menem eligió la quinta de su amigo Armando Gostanián cuando el juez Jorge Urso, que llevaba la causa por tráfico de armas, le concedió en 2001 el beneficio por ser mayor de setenta años. Pero no eligió cualquier lugar de reclusión. La "cárcel" era cinco estrellas: dos plantas, ocho habitaciones, amplios jardines, quincho y pileta.
El muticriminal Carlos Robledo Puch también intentó subirse a este beneficio la semana pasada, pero la Justicia se lo negó el jueves 5. No es para todos.
Por GABRIELA MANULI
