Los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna (Bloque FPV – Por Santa Fe) presentaron un proyecto de comunicación donde le piden al gobernador Hermes Binner que suprima un párrafo del decreto 1123, reglamentario de la ley 12744 conocida como de Obras Menores para municipalidades de segunda categoría y comunas, que restringe a la mitad las asignaciones para los trabajos de infraestructura a los que están destinados estos fondos pidiendo a las administraciones locales que obtengan el 50 por ciento restante mediante el mecanismo de contribución por mejoras.
El párrafo cuestionado es el cuarto -anexo I-,que establece que "aquellos (trabajos) cuyo financiamiento pueda recuperarse bajo el régimen de contribución de mejoras, contarán con un aporte de hasta el 50 por ciento, debiéndose acompañar copia certificada por autoridad judicial y/o notarial de la ordenanza respectiva. La provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y los municipios y comunas, instrumentarán por convenio la forma de recupero del financiamiento otorgado bajo estas condiciones. Las sumas así recuperadas deberán depositarse en la cuenta corriente que se habilitará en el marco del artículo 9º del presente, debiendo destinarse los mismos a las finalidades previstas en el artículo 4º de la ley".
Los legisladores peronistas sostienen que "la sanción de la ley 12744 conocida popularmente como ley de Obras Menores, sancionada por la voluntad política del justicialismo en el año 2007, vino a subsanar una vieja deuda mediante la creación de un fondo específico que permite hoy a los municipios de segunda categoría y las comunas de los diecinueve departamentos llevar adelante obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y el bienestar de la población de esas comunidades".
"Es por ello -dicen los legisladores- que, haciéndonos eco del reclamo de numerosos presidentes de comuna de toda la provincia no salimos de nuestra sorpresa al conocer los términos del decreto 1123/08, reglamentario de la ley 12744, donde se condiciona a las administraciones municipales y comunales al otorgamiento de sólo un 50 por ciento de los fondos para ciertas obras donde, según un criterio subjetivo, se «puedan» recuperar esas inversiones mediante el sistema de contribución de mejoras".
Monti y Lagna señalan en su proyecto que "más grande es el asombro cuando se obliga a los municipios y comunas a depositar lo que ellas mismas recauden por ese concepto en una cuenta específica, vulnerando todo principio de independencia y libertad de administración, ése que tanto se declama y tan poco se pone en práctica".
"Desde hace varios años venimos escuchando diversas posturas políticas que tienen que ver con la defensa de las autonomías municipales, ya sea a través de proyectos de ley o la propia inclusión de ese tema en una futura reforma de la Constitución provincial", afirman los diputados justicialistas, para después continuar: "El motivo por el cual se solicita la supresión del párrafo mencionado se debe a que entendemos que el decreto 1123 avanza por sobre la misma ley, además de vulnerar en parte la potestad de las municipalidades y comunas en cuanto a la facultad que cada una de ellas tiene de determinar el funcionamiento de la administración en lo que respecta a la determinación de las diferentes obras públicas, lugares de ejecución y modalidad o implementación de la cobranza o no de las mismas, por cuanto la afectación a un sistema como puede ser el de contribución de mejoras, son las autoridades municipales o comunales, según la ley que regula el funcionamiento de los mismos, las que deben determinar la forma"
Para sostener esta afirmación los legisladores citan el Código Tributario Municipal donde dice que "son contribuciones de mejoras las prestaciones pecuniarias que, por disposición del presente códigoo sus ordenanzas fiscales complementarias, están obligados a pagar al municipio quienes obtengan beneficios o plusvalías en los bienes de su propiedad o poseídos a título de dueños, y derivados directa o indirectamente de la realización de obras o servicios públicos determinados, sin perjuicio de la realización de obras públicas por cuenta de terceros".
Finalmente, para abonar su posición en favor de la libertad de gestión de los municipios, Monti y Lagna sostienen que "es también un declamado proyecto de esta administración provincial la descentralización del funcionamiento de la estructura burocrática provincial, a través de la creación de nodos regionales, los que supuestamente van a ayudar a la solución de las necesidades de las comunidades del interior de la provincia con mayor celeridad y ejecutividad".
