Frente a la crisis financiera que se vive a nivel mundial, donde cada vez se proyectan mayores despidos y bajas del personal, las empresas argentinas se ven obligadas a recurrir a ciertos institutos legales para lograr bajar sus costos laborales y así poder mantenerse a flote.

Además, el Ministerio de Trabajo se suma más que nunca a la decisión del Gobierno de impedir los despidos y recurre a las facultades que le da la Ley Nacional de Empleo, que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo aplicado en estas últimas semanas con la finalidad de preservar el empleo.

Esta herramienta obliga a las empresas a presentar anticipadamente, ante la cartera laboral, una comunicación sobre las suspensiones, despidos e incluso reducción de la jornada de trabajo por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

Sin embargo, los abogados advierten que el exceso reglamentario y la cantidad de formalismos que a veces requiere el Ministerio de Trabajo al momento de tramitar el PPC influye de manera determinante en los costos empresariales.

Además los especialistas sostienen que, aunque cumplan con la ley, no será tarea sencilla para las empresas adoptar despidos o suspensiones.

En este sentido, explican que a la relación de los hechos que fundamentan la solicitud de PPC deberán agregar cada vez más requisitos que justifiquen esta medida, como la fecha de iniciación y duración de las suspensiones, la cantidad de personal que se desempeña en la empresa y el número de trabajadores afectados.

Otro recaudo que deberán denunciar es el convenio colectivo aplicable y la entidad gremial que representa a los trabajadores, además de los elementos económico-financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis.

"El PPC es un instrumento legalmente válido y aceptado por los jueces para bajar los costos laborales al momento de dar por finalizada la relación de trabajo, siempre, invocando causas económicas que justifiquen la adopción de este instituto", explicó Juan Manuel Minghini, socio del estudio Alegria-Minghini & Asociados.

Si el empleador es el que lo presenta, deberán constar datos de la empresa, denominación, actividad, acreditación de la personería del solicitante, domicilio real y constituido ante la autoridad administrativa de Trabajo.

De acuerdo a lo que establece la norma, el empleador debe proponer medidas encaminadas a superar la crisis antes de que decida por su cuenta despidos o suspensiones de personal.

"La creación del PPC agrega una etapa para los casos de despidos y suspensiones colectivos ya que a partir del inicio y hasta la conclusión, las partes no pueden ejercer las medidas de acción directa de las que disponen, el empleador no puede despedir y los trabajadores no pueden ejercer el derecho de huelga. Se mantienen vigentes todas las obligaciones de los contratos de trabajo y se deben abonar los sueldos", indicó Carlos Chiesa, socio de Chiesa – Rolotti.

Más complicado
Gustavo Gallo, titular de Gallo & Asociados, dijo que la actitud que está tomando el Gobierno respecto a la aplicación del PPC es complicar su instrumentación cada vez más.

"Ahora piden razones tecnológicas, balances y hasta llamar al sindicato; con esto consiguen que el tema se dilate con el mayor costo que trae aparejado para las empresas", aseguró.

De esta forma, destacó Gallo, las compañías deben mantener la nómina de empleados que pensaban despedir hasta que el Ministerio justifique los motivos que derivaron en esa situación, aunque sea notorio, por ejemplo, como cuando se frena la producción.

Sin embargo, otros profesionales indican que el paso por un PPC puede ser positivo para los costos empresarios, dependiendo de la solución a la que se llegue.

"El tránsito por un PPC podría ser útil para acercar soluciones que puedan involucrar exenciones impositivas temporales, revisión de trabas arancelarias, la posibilidad de contribuir con el dinero del fondo de desempleo al que accedería cada empleado a despedir, como una forma de evitar o reducir el número de trabajadores involucrados y toda otra medida que se relacione con los costos de sostenimiento del factor trabajo y no transformar al mismo en una ciénaga donde sólo se persiga dilatar las cosas ", explicó Héctor Garcia, socio de García, Perez Boianai & Asociados.

El procedimiento bajo la lupa
Efectuada la presentación ante el Ministerio o Secretaría de Trabajo, se evaluará si el pedido realmente se encuentra justificado. De ser así el empleador podrá desvincular a su personal abonando indemnizaciones reducidas, lo que permite, por un lado, cumplir con la exigencia de indemnizar al trabajador, y por otro, continuar con la actividad comercial.

En caso de que el organismo de Trabajo rechace la petición, podrán presentarse vías recursivas para lograr el beneficio. Pero sólo cuándo sea concedido podrá procederse en tal sentido. Hasta tanto concluya el mismo, las partes no podrán llevar a cabo modificación alguna de los diferentes ítems que componen la relación de trabajo.

"El PPC viene a convertirse, en épocas de crisis, en un instrumento legal y válido para reducir considerablemente los costos laborales. Abonar el 50% de una indemnización por despido, suspender las tareas o reducir las horas de trabajo, impactan directamente en los gastos y erogaciones que debe efectuarse sobre la nómina salarial", explicó Minghini.

Las perspectivas futuras serán quizás positivas o negativas, pero todo dependerá de la duración del procedimiento preventivo de crisis que tienen preocupados tanto a los trabajadores como a los empleadores ya que lo que está en juego son la fuente de trabajo y la subsistencia de la empresa, intereses que convergen a ambas partes en la relación laboral, dijo Andrea Fabiana Mac Donald, abogada laboralista.

La mirada oficial
El principal punto de la agenda que la cartera laboral llevará a la 55 Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, que presidió este jueves el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada y de la que están participando todos los secretarios y ministros de trabajo del país, es la unificación de un criterio nacional para la aplicación del PPC.

En el delicado contexto de crisis financiera internacional, que ya está ocasionando coletazos en el mercado interno, el ministerio de Trabajo aspira a coordinar y unificar criterios entre todas las provincias al momento de tramitar las solicitudes de los PPC.

"La coordinación y compatibilización de criterios a seguir en esta delicada materia y en el marco de este encuentro será crucial", sostuvo García.

El profesional recalcó que de esta manera empleadores y sindicatos podrán contar con la previsibilidad del caso que impida que se dilaten de modo excesivo las aperturas de los PPC o que se solicite información que resulte irrelevante para la identificación de medidas que eviten de modo sustentable la adopción de suspensiones o despidos.

En este sentido, desde la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba, a cargo de Omar Sereno, precisaron la necesidad de "coordinar acciones entre Nación y provincias para garantizar la fuente laboral".

Dónde se aplicó
El viernes último, por ejemplo, la empresa automotriz General Motors dejó en pausa la suspensión de casi 500 empleados, luego de acordar una conciliación obligatoria entre el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y el gremio de los mecánicos (SMATA).

Según esta nueva herramienta, hasta que se terminan los trámites del Procedimiento Preventivo de Crisis no se puede tomar ninguna medida. "Cualquier suspensión o despido que se haga sin antes pasar por esa instancia de conciliación será declarada sin efecto", comentó Tomada a los medios.

La implementación de la medida trae a la memoria las iniciativas efectuadas durante la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde, en plena crisis de 2002, cuando también las empresas debían informar sobre posibles despidos y suspensiones de personal. En esa misma época, ese gobierno también dispuso la aplicación de la famosa "doble indemnización".

Puntos Importantes
Debido a la crisis financiera las empresas se ven obligadas a recurrir a ciertos institutos legales para lograr bajar sus costos laborales y así poder mantenerse a flote.
El Ministerio de Trabajo se suma más que nunca a la decisión del Gobierno de impedir los despidos y recurre al PPC, un mecanismo aplicado para preservar el empleo.
Especialistas advierten que el exceso reglamentario y la cantidad de formalismos al momento de tramitar el PPC influye de manera determinante en los costos empresariales.

Daniela A.San Giovanni