Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa económica, la inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía y la declaración de reincidencia.

La resolución fue dictada en los Tribunales Federales de Rosario por el juez de Garantías Carlos Vera Barros, quien homologó un acuerdo abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal y aceptado por el propio imputado. Actualmente, Méndez permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

La causa generó una fuerte repercusión porque la investigación determinó que su rol excedía ampliamente el de un defensor técnico. Según la Fiscalía, aprovechaba su condición de abogado y el acceso que le otorgaba la matrícula profesional a establecimientos penitenciarios para transmitir órdenes, instrucciones y mensajes entre jefes narco detenidos y sus estructuras operativas externas.

De esta manera, incluso con sus principales referentes privados de libertad y sometidos a regímenes de aislamiento o alto control, las organizaciones criminales continuaban manejando bienes, operaciones ilícitas y decisiones estratégicas desde el interior de las cárceles.

La acusación fue llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con intervención del fiscal Matías Mené, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad encabezada por el fiscal Diego Iglesias y el secretario Matías Lucena Vernengo.

Durante las audiencias desarrolladas entre fines de marzo y mediados de abril, el Ministerio Público Fiscal presentó como prueba escuchas telefónicas, constancias de visitas carcelarias y documentación secuestrada, elementos que permitieron reconstruir el funcionamiento del esquema y ubicar a Méndez como pieza clave en la comunicación entre los internos y el exterior.

Reflexión de abogadosrosario.com

Este caso vuelve a poner en debate la enorme responsabilidad ética y legal que implica el ejercicio de la abogacía. La matrícula profesional no es un privilegio personal sino una herramienta al servicio de la defensa y de la Justicia.

Cuando un abogado utiliza esa investidura para facilitar delitos, no solo compromete su responsabilidad penal individual, sino que también daña la credibilidad de toda la profesión y del sistema judicial. Defender no significa delinquir, ni mucho menos transformarse en parte activa de una estructura criminal.

La confianza pública en los operadores judiciales se construye con conducta, transparencia y límites claros. Cuando esos límites se rompen, la respuesta judicial debe ser firme.