El mismo día, a la misma hora y con igual metodología. Fue el viernes por la noche, cuando los teléfonos particulares del procurador de la Corte, Agustín Bassó, y del presidente de la Cámara Penal, Julio De Olazábal, sonaron insistentemente. Del otro lado, la voz de un joven que una y otra vez los amenazaba.

Pero no fueron éstas las únicas coincidencias. En ambos casos, el autor de las llamadas se esmeró por dejarles en claro a los amenazados que conocía sus presentes y sus pasados. A Bassó le recordó sus funciones como juez durante la dictadura. A De Olazábal le describió en detalle su actividad judicial y como académico en la Universidad Nacional del Litoral.

Más allá de sus pertenencias al Poder Judicial, a Bassó y De Olazábal en estos momentos los vincula la investigación que se viene realizando sobre el accionar de dos jueces del fuero local.

"El hecho es grave. Nosotros estamos acostumbrados a las amenazas. Hay muchos imputados y familiares de imputados, pero en este hecho en particular, en el caso del Procurador de la Corte, está el tema de los secuestros extorsivos y del jury de enjuiciamiento. Son innumerables cosas que pueden ser motivo de amenazas, pero en el caso de De Olazal, no tiene nada que ver con los secuestros por eso es llamativa la amenaza que recibió", sostuvo la fiscal de causas NN, María del Carmen Bertone, en diálogo con LT9.

Plantear cualquier tipo de hipótesis sobre las amenazas sería, por lo menos, aventurado. De todos modos, desde los juzgados a cargo de indagar sobre estas denuncias insisten en que no se descarta ninguna posibilidad y que todo está por investigarse.

El juez Julio César Costa será el encargado de avanzar en el caso que tiene a Bassó como afectado. En el caso de De Olazábal, la denuncia está radicada en el juzgado a cargo de Rubén Saurín. Se espera que desde la Justicia se requiera información sobre los llamados telefónicos entrantes a los domicilios particulares de los amenazados, para comenzar a desanudar la madeja de posibilidades que hasta ahora se barajan en el plano de las hipótesis.

Pedidos de juicio político

Durante la segunda mitad del año pasado y a pedido de Bassó, el camarista De Olazábal investigó el desempeño de Frois como juez de Sentencia de la Cuarta Nominación. Al evaluar el trabajo del juzgado entre 2006 y 2007, detectó que allí prescribieron más de 600 causas y que en gran parte de ellas se produjeron irregularidades notorias. Pero el dato más llamativo fue que en la mayoría de esos casos cuestionados actuó el mismo fiscal.

Se trató de Pedro Guevara, quien en general no tomó ningún tipo de medida tendiente a evitar estas prescripciones. Poco después, Guevara fue nombrado juez de Instrucción de la Primera Nominación.

De Olazábal concluyó que "han quedado evidenciadas numerosas irregularidades, imputables a los doctores Mauricio Frois y Pedro Guevara… En la mayoría se habrían producido quebrantamientos de leyes, cuyo cumplimiento incumbía a los nombrados".

Frente a estos elementos, el procurador Bassó solicitó formalmente la apertura de juicio político a estos dos magistrados, con el objetivo de que se analicen sus conductas y se decida, si corresponde, sus desplazamientos.

Sólo así podrían ser investigados como presuntos autores de delitos, pues, mientras esto no ocurra, continuarán gozando de fueros como magistrados.