Todo parece indicar que el debate para la sanción de una nueva la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) volvió a entrar en un compás de espera si se tiene en cuenta que se demoran las reuniones previstas para acercar las posiciones que generan mayores discrepancias.

Sucede que la discusión es compleja por la cantidad de actores que se sientan en la mesa de negociación: empresas, aseguradoras, trabajadores y el Estado son protagonistas de un debate que genera intereses contrapuestos y que al día de hoy parece estar estancado.

El mantenimiento de la doble vía (cobrar la indemnización tarifada y también reclamar en la Justicia), la cobertura del accidente "in itinere" y la posibilidad de ampliar el listado de enfermedades laborales son tres de las cuestiones que alejan posiciones entre empresarios y sindicalistas

La semana pasada el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, manifestó el interés de la entidad que preside por celebrar nuevas reuniones que permitieran destrabar los puntos sobre los cuales aún no hay acuerdo.

Sin embargo, desde la UIA confirmaron que esas reuniones todavía no se concretaron y que como respuesta el ministerio de trabajo sólo entabló "contactos informales".

"No tengo una cita con el ministro Tomada por este tema", respondió tajante el diputado oficialista y asesor letrado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde al ser consultado por iProfesional.

Por otra parte, una alta fuente que asiste a la mesa de negociación y que pidió estricta reserva confió a este medio que se especulaba con que el proyecto fuera presentado para las sesiones ordinarias del Congreso y que "ni por asomo" hoy se está cerca de esa posibilidad. Esta misma fuente confió que hay otros temas más urgentes que "desplazaron la atención del ministro de Trabajo".

Expectativa
Jorge Aimaretti, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) dijo a iProfesional que el proceso de reforma está "latente", se ha reafirmado y figura en la agenda del Gobierno, con "vocación de ser resuelto".

Sin embargo, el titular de la UART enfatizó que "llevamos cuatro años y medio negociando" y que "a esta altura ya debemos llegar a un acuerdo".

Aimaretti dijo que "en el molde de la ley hay avances y retrocesos. Nosotros pedimos que no haya tiempo de demoras innecesarias. La reforma no debe hacerse con tiempos improductivos", señaló.

El representante de la UART puntualizó que, de no haber modificaciones al actual sistema, para este año la entidad proyecta la interposición de 40.000 juicios. El salto es significativo si se tiene en cuenta que el año pasado se iniciaron 27.170 demandas, de acuerdo a datos brindados por la UART.

Por último, agregó que quizás haya otros temas que de momento hayan desplazado el tratamiento de esta cuestión pero que "estamos a la espera de el Gobierno nos convoque para evaluar la versión final del anteproyecto".

Puntos de conflicto
Uno de los puntos más conflictivos es cómo resolver la tacha de inconstitucionalidad que tiene el artículo 39 de la ley, que anula la posibilidad de hacer un juicio contra la empresa empleadora cuando el trabajador esté cubierto por el seguro.

El debate es entre dos figuras opuestas: el cúmulo (promovido por los sindicalistas), que permitiría cobrar lo previsto por la ley de la ART y además presentar una demanda en la Justicia; o la opción (pretendida por los empresarios), que le exigiría al trabajador elegir un camino o el otro.

Daniel Funes de Rioja, asesor letrado de la UIA señaló que está totalmente en contra del cúmulo. "O voy por un régimen de seguro integral o por la vía civil, con todas las responsabilidades de la prueba que tiene la Justicia civil".

Para Recalde, en cambio, la doble vía que se contempla en el anteproyecto implicaría que el empleado cobre de la ART y que después ese monto se descuente de lo que un juez determine como indemnización, en el caso que ésta resultare mayor.

Sobre el accidente in itinere, otro tema que el empresariado requiere se revea, Funes de Rioja se preguntó: "¿Qué puede hacer la empresa por el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa de los empleados?"

Y agregó "Sobre todo cuando la cultura vial argentina es horrorosa, la gente no usa casco en las motos, los conductores no respetan las reglas de tránsito, por ejemplo. El empleador termina pagando todo. De esa parte tendría que ocuparse un seguro social, no patronal".

Respecto a la forma en cómo se abren los listados de enfermedades, Funes de Rioja explicó que se requiere determinada prudencia frente a la incorporación de nuevas afecciones.

"Hay algunas que tienen causa laboral y otras que no, éstas tendrían que estar protegidas por otro subsistema y no quedar incluidas dentro del riesgo empresario", argumentó.

Sin embargo, para Recalde "existen enfermedades profesionales que no están contempladas en la norma simplemente para pagar menos, como la sordera, la desviación de columna o las várices".

La LRT
La LRT conforma un régimen que prevé un mecanismo especial tarifado para resarcir todos los daños derivados de accidentes laborales. En caso de padecer un infortunio, y de comprobarse la incapacidad del empleado, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de la empresa deberá abonar la indemnización estipulada en la norma.

Sin embargo, la ley establece que sólo reconocerá el resarcimiento de aquellas enfermedades que la propia normativa fija como tales y que se encuentran especificadas en un listado que elabora el Poder Ejecutivo.

El nacimiento de la LRT tuvo como objetivo principal evitar el alto nivel de juicios que los trabajadores comenzaban contra sus empleadores, como consecuencia de accidentes laborales.

Sin embargo, esta meta se logró sólo parcialmente hasta 2004, cuando varios fallos de la Corte Suprema permitieron que los damnificados inicien demandas en la vía judicial, más allá de la reparación tarifada y excluyente que otorgan las ART.

El sistema de las ART actualmente cubre a 7,3 millones de trabajadores equivalentes a la totalidad de quienes se desempeñan en el mercado formal y le da cobertura a 700 mil empresas, duplicando en ambos casos las cantidades con que comenzó a operar a mediados de 1996.

La cuestión está abierta a la definición. Aunque las declaraciones de rigor, especialmente aquellas que provienen del Gobierno, pronostican un final feliz sobre este tema, quienes siguen de cerca el proceso de negociación abren un permanente signo de interrogación.