La entidad denunció que la medida del Consejo es "parcial", "intencional" y "constituye un hecho de gravedad institucional".

Según esta entidad, la Secretaría de Derechos Humanos, que denunció a los camaristas, realiza una "sesgada interpretación del pedido de celeridad de la Justicia, que no se corresponde con la vocación del Ejecutivo de formular la misma crítica, por ejemplo, en las causas Skanska, Antonini Wilson o Miceli".

"Debe advertirse que una vez más se hace uso del sensible tema de los derechos humanos para amenazar con su destitución a jueces que en el ejercicio de su magistratura obviamente no responden a los criterios impuestos desde el Poder Ejecutivo", denunció la entidad.

"La preocupación por revertir la lentitud de la Justicia es un bien al cual aspira nuestra sociedad, debe ser general y no utilizado como un arma ideológica o de venganza -advierte la declaración-. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que en el Estado de Derecho nada puede justificar la presión a la Justicia a través de someter a sus integrantes a reprimendas públicas y amenazas de remoción en caso de no actuar conforme a los designios oficiales."