Fuentes tribunalicias dejaron trascender la existencia de un profundo malestar en la Justicia de Tostado por la información publicada el pasado martes en el diario El Litoral (página 28), que muestra groseras imprecisiones y sugestivos errores.
Funcionarios consultados, que por ahora prefirieron mantener su reserva, detallaron las incongruencias periodísticas:
Primero, el título menciona "Comenzó el jury a seis jueces provinciales", y en la misma tapa se señala entre los "investigados" al doctor Rubén Cottet (juez de Tostado), remitiendo a la página 28 de esa edición.
Segundo, en dicha página, el título de caracteres que ocupa todo el ancho de la hoja señala que "Se inició el proceso de enjuiciamiento a seis magistrados de la provincia". Según funcionarios judiciales es "falso", ya que el "proceso de enjuiciamiento" se inicia con la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que declara la apertura del procedimiento. Ello no sucedió en el caso del doctor Cottet, al igual que otros funcionarios de los que figuran en la nota.
Tercero, según trascendidos periodísticos, habría dictamen negativo del procurador general respecto del pedido de enjuiciamiento que se habría promovido de modo conjunto respecto de los jueces Cottet y García.

Acusaciones gratuitas
En el contexto de la nota, figuran entre otros el doctor Rubén Cottet y el doctor Eladio García, siendo mencionados en un contexto que nada tiene que ver con los mismos. Por ejemplo se hace mención a "amenazas y sospechas" que tuvieron como víctimas al procurador general Agustín Bassó, y al camarista Julio De Olazábal. Estos funcionarios, se ven gratuita e injustificadamente relacionados a semejantes actos de gravedad institucional.
Cuarto, la imputación que se haría al doctor Cottet radica en que no declaró la caducidad postulada por el denunciante, temperamento que adoptó el nombrado funcionario, en virtud de que el proceso estaba "paralizado" por la tramitación de un pedido de declaratoria de pobreza solicitada por el mismo denunciante.
Dicha resolución -desestimatoria del planteo de caducidad- fue dictada por una conjueza y se encuentra con sentencia firme, luego de haber transitado la cuestión por la Cámara de Apelación. Es decir, es obvio que corresponde archivar el pedido de enjuiciamiento del magistrado, porque no existe error alguno.
Lo importante y perjudicial para algunos magistrados, tal el caso del nombrado Cottet, es que se encuentran concursando diversos cargos en el Poder Judicial de esta provincia, y así las cosas, tienen que salir a defenderse por una publicación, a la que estarían evaluando como maliciosa, de apertura de un proceso de enjuiciamiento, siendo que ello es falso.
Por último, en una actitud contradictoria, en la nota del diario El Litoral de página 28, se menciona: "La ley establece que mientras no se declare la admisión de una denuncia, ésta y su trámite posterior serán mantenidos en reserva. La obligación de reserva alcanza también al denunciante, que será castigado si la infringe, con la sanción del denunciante malicioso". Respecto de Cottet y García, no se declaró admisible la denuncia y el propio diario se contradice mencionando los nombres de dichos funcionarios, lo que no tiene explicación lógica, cual no sea otra finalidad perjudicial para los nombrados.

El trasfondo
Periodistas de la localidad de Tostado, departamento 9 de Julio, vincularon ayer los sugestivos errores periodísticos a los valientes fallos dictados por el magistrado en relación a la propiedad de numerosos terrenos de una zona que se encontraban en conflicto. Habría importantes inversores agropecuarios de la capital provincial que se sentirían perjudicados ante la decisión judicial del juez Rubén Cottet que interpretan contrarios a sus intereses.

La información certera y precisa acerca del proceso
Tal como publicara Diario UNO de Santa Fe en su edición de ayer, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe declaró formalmente admisibles las denuncias presentadas contra el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la 1ª Nominación de Santa Fe, Pedro Norberto Guevara; y contra el juez en lo Penal de Sentencia de la 4ª Nominación de Santa Fe, Mauricio Luis Fernando Frois, sometiéndolos a ambos a enjuiciamiento.
Ambos magistrados habían sido cuestionados por presuntas irregularidades cometidas en la prescripción de numerosas causas luego de un informe que por orden de la Corte Suprema de Justicia elevara el ex presidente de la Cámara de Apelaciones, Julio de Olazábal, a instancias del procurador general de la Corte, Agustín Bassó.
De Olazábal concluyó que las irregularidades mencionadas en su investigación encuadrarían a priori con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y prevaricato por parte de los magistrados en cuestión.
Por otra parte, también el Tribunal de Enjuiciamiento, en dos de los expedientes, hizo lugar a las solicitudes de excusación planteadas por integrantes del cuerpo, por lo cual se suspendió la reunión oportunamente convocada.
En tanto se rechazó el pedido de enjuiciamiento formulado contra el juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la 4ª Nominación de la ciudad de Rosario, doctor Jorge Eldo Juárez.

Más datos
El jury a los jueces intentará determinar si los implicados incurrieron en irregularidades que ameriten el desplazamiento de sus cargos para que puedan ser investigados penalmente.
El tribunal está conformado por todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, delegados de ambas cámaras legislativas y representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia.

Los suspendidos
Los jueces Mauricio Frois y Pedro Guevara son investigados desde el año pasado por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Julio De Olazábal, quien detectó numerosos elementos que al menos parecerían sospechosos.
El procurador general Agustín Bassó había solicitado un relevamiento sobre los fallos dictados en el juzgado de Frois. El resultado fue al menos llamativo: entre 2006 y 2007 prescribieron en ese juzgado alrededor de 600 causas. Del total, en 306 casos no se respetaron los plazos legales para decidir, y en otros 287, se detectaron "irregularidades de tramitación".
En gran parte de esas causas prescriptas, tuvo participación el entonces fiscal Pedro Guevara, quien nada hizo para evitar dichas prescripciones. Guevara se desempeñaba, hasta su suspensión de esta semana, al frente del Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación.