"Mas allá de respuestas eventuales a contingencias, se impone la necesidad de diseño y puesta en marcha en todo el país de una eficaz política de Estado en materia de justicia y seguridad, que distinga entre objetivos de corto, mediano y largo plazo, garantizando su implementación en todo el territorio nacional y que los operadores asuman sus compromisos y responsabilidades", sostuvieron 20 fiscales generales de todo el país y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la semana pasada durante una reunión que se realizó en la ciudad.
Los representantes del Ministerio Público, nucleados en el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina se reunieron la semana pasada en Santa Fe y sostuvieron que "es necesario coordinar acciones positivas que se dirijan a atacar las causas del delito".
En ese marco, reclamaron una "adecuada prevención, modernizando a las agencias responsables, implementando sistemas procesales acusatorios, promoviendo el camino de la investigación científica e instalando modos alternativos y rápidos para la solución de conflictos".

"Entendemos que es tiempo de acabar con análisis y soluciones simplistas", destacaron
Además, propusieron que se ponga "énfasis en los modelos penitenciarios y pospenitenciarios que respondan a las exigencias constitucionales, fortaleciendo las herramientas que propenden al acceso a la Justicia en su sentido íntegro y la protección plena de las víctimas".
"Entendemos y así los transmitimos, que es tiempo de acabar con análisis y soluciones simplistas que sólo tienen entidad para alejar en el tiempo la respuesta a tan delicada situación social", sostuvieron los fiscales en el escrito.

No sólo un tema económico
El documento lleva la firma de la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, además de los fiscales generales de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Misiones, Salta y Tucumán, entre otras.
"La problemática ligada a la justicia y a la seguridad no es meramente presupuestaria o económica, debiendo abordarse la cuestión en su integralidad y con atención a las realidades locales", concluyeron los fiscales y procuradores.

Invertir en medicina forense
El 19 y el 20 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, siendo sede de las reuniones el edificio central de los Tribunales provinciales.
El encuentro tuvo una singular trascendencia en razón de que uno de los puntos centrales que se trataron en el orden del día consistió en: Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses, tratamiento de proyecto por región, resolución (cuya presentación y exposición estuvo a cargo de Alejandro Ficoseco).
El tema Laboratorios Regionales es una iniciativa plasmada en el seno del Consejo y consiste en la creación de laboratorios de última generación en cinco regiones del país.
Santa Fe es una de las provincias cabeza de región y será la primera en que se instale el laboratorio.
El costo de cada laboratorio a instalar se ha estimado aproximadamente en 2.000.000 de dólares que quedarán a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
Cada Laboratorio Regional constará de una estructura consistente en dos grandes grupos. Por un lado, medicina forense que integra: genética forense, anatomía patológica forense, toxicología forense y biología forense. Por otro lado, ingeniería forense que abarca criminalística y informática forense.
Esos laboratorios tienden fundamentalmente a conformar un equipo forense multidisciplinario de investigación de alta capacitación en las diferentes disciplinas que conforman el amplio abanico de las ciencias forenses, los que permitirán obtener una rápida y exitosa investigación criminal.

Más ciencia
Los integrantes del Poder Judicial reclamaron una "adecuada prevención, modernizando a las agencias responsables, implementando sistemas procesales acusatorios, promoviendo el camino de la investigación científica e instalando modos alternativos y rápidos para la solución de conflictos".

"Estoy muy preocupado por los malos policías"
El fiscal rosarino que investiga a ocho efectivos de la Patrulla Urbana por irregularidades en un operativo tras el asalto a una carnicería, manifestó su preocupación por la reiteración de casos de corrupción policial los que, indicó, no deben ser considerados como hechos aislados. "Estoy muy preocupado por los malos policías. Más allá de este caso puntual, lo que compromete, interroga y demanda es una respuesta social y política a este tema", dijo Esteban Franichevich a UNO Medios.
El fiscal estuvo en el allanamiento del sábado a la noche frente a la comisaría 15ª donde ocho efectivos de la Patrulla Urbana quedaron detenidos por su sospechoso accionar tras la detención de uno de los presuntos autores del asalto a una carnicería rosarina. Es que, según denunció el dueño del comercio, sólo recuperaron una bolsa con 80 pesos en monedas de los cerca de ocho mil pesos que le sustrajeron en total, en un atraco a mano armada cometido por dos asaltantes.

Cuestiones a resolver
"Estoy muy preocupado por lo que está pasando con la policía. Es hora de que como sociedad empecemos a preguntarnos qué hacemos con los malos policías, si es un problema de instrucción, de enseñanza o de ejemplaridad de los superiores", manifestó.
"De todos modos, es una cuestión que se tiene que resolver o mejorar. Es un problema social que hay que solucionar políticamente, a nivel de gestión de gobierno", observó Franichevich.
Los ocho efectivos permanecen detenidos y el juez de Instrucción Luis María Caterina ordenó que les tomen declaración policial hasta tanto se defina la imputación judicial.
"Eso se está estudiando", dijo el fiscal, ya que no sólo se los acusa de haber sustraído parte del botín (en poder de los detenidos se hallaron unos 3.000 pesos) sino que además se detectaron irregularidades en el acta.
Es que en el sumario policial aparecen tramos incongruentes o llamativos. Por ejemplo, señala que "una vez producida la detención del supuesto ladrón, un vecino les acercó a los policías la bolsita con las monedas. Ese supuesto vecino no fue identificado en el acta", manifestó el fiscal.

Hambre y salud
Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia, realizó declaraciones que se sumaron a la controversia sobre la inseguridad en el país. El tema se convirtió en el eje de los programas del espectáculo cuando Susana Giménez habló a favor de la pena de muerte para los asesinos y Marcelo Tinelli apoyó las declaraciones.
La jueza criticó al periodismo y a los que la semana pasada se manifestaron en la Plaza de Mayo contra los hechos de inseguridad. "Nunca los vimos marchar contra el hambre y la pobreza", dijo, en declaraciones radiales, sobre los asistentes a la protesta, que se repitió en las principales ciudades del país. Y agregó que la inseguridad es "exagerada e inflada por los medios de comunicación".
Y sostuvo que primero se debería ver la cantidad de muertes evitables por falta de atención médica, de programas de salud y de atención a la niñez. "Sólo entonces podemos empezar a hablar de la inseguridad", afirmó.