"Consideramos que el rol de los Colegios de Abogados en el nuevo Consejo de la Magistratura es insuficiente, y absolutamente prescindente. Lo único que hacemos es elevar una lista de profesionales y pagar los viáticos de los que tienen que desplazarse. Si las cosas no cambian, habrá que evaluar si permanecemos en el Consejo".

La advertencia de Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, señala el estado de ánimo que impera en el seno del organismo encargado de la selección de candidatos a jueces, para luego proponerlos al gobernador y que éste los ponga a consideración de la Asamblea Legislativa. Una tensión que se manifestó reiteradamente a través de cruces en los medios de comunicación y de pronunciamientos públicos institucionales de abogados y magistrados, y que se reeditó en el encuentro desarrollado esta semana, bajo la consigna de "evaluar" la marcha del organismo.

"Nosotros entendemos que no ha dado resultado", dictaminó el presidente del Colegio de Magistrados, el camarista Daniel Rucci, en diálogo con El Litoral. "Nos dicen que las vacantes no son tantas, y una serie de respuestas que nos parecen más excusas que reflejo de la realidad".

Institucionalidad

En rigor, el punto central del reclamo del Colegio de Magistrados no pasa tanto por las instancias de evaluación, sino por la propia entidad del Consejo. "No funciona institucionalmente como tal, porque no existe. Aquí lo único constante son los funcionarios de gobierno, en otras provincias están integrados jueces, abogados, la Corte, legisladores", apuntó Rucci.

Para el magistrado, esto no significa que sea el mismo Consejo el que evalúe a los candidatos, pero sí la marcha de los trámites, con posibilidad de actuar en caso de que ésta no sea la adecuada. "Hubiéramos evitado que en 15 meses se nombrase un solo juez", ilustra.

"Tuvimos una reunión cuando comenzamos y la segunda más de un año después. Un organismo institucionalizado tendría por lo menos una reunión por mes", agregó.

De todos modos, los magistrados también apuntan defectos al mecanismo de selección. Y ponen como ejemplo el hecho de que los antecedentes de los candidatos sean evaluados por comisiones distintas, formadas para cada caso, y con criterios no coincidentes. Con lo cual, con el mismo currículum, un postulante podrá tener puntaje diferente en cada oportunidad.

E insisten con la celeridad: "Los evaluadores deberían resolver el mismo día del concurso. En otras provincias, se recibe todo y se resuelve en el mismo día".

Prescindencia

Araujo, por su parte, indicó a El Litoral que los cinco colegios de Abogados mantienen la postura crítica expuesta en el documento emitido en la reunión de Rafaela, cuyos puntos coinciden en buena medida con las de los magistrados.

"Estamos aguardando la respuesta del Poder Ejecutivo sobre las reformas que solicitamos. Nos da la impresión de que por el momento el gobierno soslaya a los Colegios, o directamente prescinde de ellos. Si no podemos trasladar nuestra experiencia, no tiene mucho sentido participar", explicó.

Araujo también se quejó de los cuestionamientos recibidos desde el Poder Ejecutivo por las demoras de algunos abogados seleccionados para aceptar la encomienda, o para producir los dictámenes en los plazos estipulados. "Poco podemos hacer al respecto. Nosotros como Colegio nos limitamos a proponer a las personas adecuadas, no tenemos un curso de acción formal para intervenir en su desempeño".

El abogado dijo que el cuello de botella en la cobertura de vacantes se produjo en buena medida por la decisión política del gobierno de hacer caer los procedimientos de selección realizados por el anterior Consejo de la Magistratura, generando un bache hasta que el nuevo se puso en marcha efectivamente. De todos modos, aclaró que "también teníamos críticas hacia el Consejo anterior. Pero ahora esperamos una respuesta a la brevedad; de lo contrario el directorio de nuestro Colegio se reunirá para evaluar la situación y determinar los pasos a seguir".

Puntos clave

El actual gobierno modificó el mecanismo de selección de jueces, que antes se hacía por un cuerpo integrado por el gobierno, la Corte, y los colegios de Abogados y Magistrados.

Ahora se forman tribunales especiales, con profesores universitarios para la evaluación técnica y la entrevista, más un abogado en la primera instancia.

En un año sólo se aprobó un pliego, y recién el mes pasado se enviaron otros nueve a la Legislatura.

Abogados y jueces cuestionan la lentitud del procedimiento, y reclaman mayor presencia institucional.

La Corte expresó preocupación por la cantidad de vacantes, que a fines de este mes serán unas 70.

El gobierno dicen que el número de cargos libres no es excesivo y que con el nuevo mecanismo ya afianzado se empezarán a ver resultados.

Desde el ámbito académico defienden las garantías y transparencia que otorga el actual sistema.

"Antes no hablaban de emergencia"

El secretario de Justicia, Roberto Vicente, rechazó la idea de los Colegios de "volver a un Consejo institucional". "Nosotros entendemos que hay un cambio cultural. La autolimitación del Ejecutivo trae como consecuencia que se pida la colaboración de cada una de las instituciones. La participación activa del Colegio de Abogados pasa por elegir bien a los especialistas para el comité evaluador", sostuvo.

Con respecto a la lentitud del procedimiento, Vicente dijo a El Litoral que "si analizamos el viejo sistema, estamos trabajando prácticamente con los mismos tiempos. Se podría acelerar si las personas designadas para los cuerpos evaluadores aceptaran enseguida y corrigieran los exámenes en los tiempos que marca el decreto, y no pidiendo prórrogas". Y puso como ejemplo que, de los tribunales sorteados el 30 de diciembre, hay evaluadores que todavía no han aceptados la designación.

Precisamente, apuntó que por eso los correctivos implementados tienden a fijar plazos: cinco días para aceptar o rechazar la designación -al cabo de los cuales hay aceptación ficta- y cinco días para responder impugnaciones. Y también la evaluación psicotécnica de todos los concursantes, mientras se corrigen las pruebas, en vez de esperar a después del resultado. En tanto, se analiza la posibilidad de remunerar en alguna medida a los evaluadores, como un incentivo para la tarea.

También señaló que los problemas estructurales de la Justicia no son imputables a esta gestión, sino que vienen de varios años y de no haber contado con presupuesto propio en el primer año de gestión. "Igual se crearon 32 cargos, y en el nuevo presupuesto hay 343. Estamos incorporando muchos más cargos en los últimos ocho años. Pero en un año no se puede revertir los efectos de una parálisis de veinte".

El funcionario fue un poco más lejos en sus comentarios, al cuestionar que los Colegios de Abogados pidan ahora la emergencia judicial y no lo hubiesen hecho antes. A la vez, hizo notar que "el porcentaje de vacantes en la Justicia nacional es mucho mayor, y nadie dice nada".

"Es muy fácil salir a los medios para hablar de colapso. Creo que hay que discutir todas estas cuestiones, pero con la alta responsabilidad que significa para todos este particular momento, y no arriesgarnos a quebrar un sistema que busca garantizar la independencia de los jueces y de los abogados en su ejercicio profesional", completó.