Los empleados del Pami I, Adriana Gatti y Juan Carlos Vélez promovieron una acción de amparo laboral contra el INSSJP después de que una resolución de ese instituto generó que fueran removidos de sus cargos en las jefaturas de mucama e intendencia, respectivamente. En su reclamo, ambos agentes consideraron que los desplazamientos son sanciones encubiertas por la actividad gremial que desempeñan y afirmaron ser víctimas de violencia moral en sus áreas de trabajo.

El juez federal Héctor Zucchi hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Gatti y Vélez y ordenó al Pami I que se abstenga de alterar la situación laboral de ambos hasta que se dicte sentencia definitiva.