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Unos 145 mil santafesinos se verán afectados por el impuesto al gas

La cifra, de fuentes oficiales, está ya en manos de la Unión de Usuarios y Consumidores, que recientemente interpuso una demanda para que se declarara inconstitucional el aumento, y una medida cautelar (que fue rechazada) para que no se aplique hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
   Es que los habitantes de esta provincia se encontrarán con aumentos que pueden llegar hasta un 80 por ciento sobre la factura que vienen pagando (la que ya incluye impuestos y tasas ajenas al servicio) y de más de un 300 por ciento en relación al mismo período del año anterior.
   Todo merced a un gravamen adicional que iría a cubrir los costos de importación de gas. Un incremento que, aclaran desde la ONG, nada tiene que ver con los componentes de la tarifa, sino que se trata de un impuesto liso y llano que, además, no fue informado como correctamente a la población. Y que además no incluye IVA, que se abona aparte; es decir, se está aplicando un impuesto al impuesto.
    Aunque el gobierno nacional estableció una prórroga para los segmentos que se presumen de menores recursos, tanto la Unión de Usuarios como la Oficina Municipal del Consumidor, de Rosario ponen sobre la mesa no pocos ejemplos de familias que se perjudicarán con la medida y que no ostentan precisamente una vida suntuosa. Santafesinos, cuidado con las hornallas, las estufas, los calefones y los termotanques.

Arbitraria e inconstitucional. Alberto Muñoz, presidente de la entidad, Patricia Ferraretto, representante de Casilda, Silvano Ríos, de Villa Gobernador Gálvez, y Valeria Vaccaro, de Rosario, explicaron los alcances de esta medida, a la que califican de "arbitraria e inconstitucional", estiman que "muchos santafesinos no la podrán pagar" y advierten que "si hasta ahora no se sintió es porque actualmente llegan las boletas de las épocas de menor consumo" pero que a partir de agosto y septiembre el "impuestazo" se va a hacer sentir. Después lo sentirán todos, ya que la exención a los segmentos de menor consumo dura hasta agosto, "algo que hicieron para paliar los efectos electorales de la medida", especulan desde la Unión.
   La movida comenzó en Casilda, donde algunos usuarios empezaron a percibir los aumentos y se encontraron con algo de que poco y nada se había informado. "Veíamos con alarma que este cargo desnaturalizaba el precio del servicio", cuenta Ferraretto.
   En esa ciudad, los usuarios encuadrados en la categoría R-34 (más de 1.800 metros cúbicos al año) que pagan 22,8 centavos por metro cúbico, debían abonar 27 centavos de impuesto, es decir, un incremento del 137 por ciento.
   Al hacer el reclamo a la prestataria, se les informó que ese impuesto no formaba parte de la tarifa y que se trataba de un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional. En efecto, se trataba del decreto 2.067 del 2008, que establece aumentos en función del consumo destinado a capitalizar un fondo fiduciario para financiar la eventual importación de gas natural y está reglamentado por una resolución del Enargás, la 563.
   El impuesto viene discriminado en la factura como fondo fiduciario decreto 2.067/2008, y varía de acuerdo al consumo. Esta normativa faculta al Ministerio de Planificación Federal,Inversión Pública y Servicios a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender las obligaciones de pago de las importaciones de gas natural.
    Existen cuatro categorías de consumidores residenciales, la R3-1, R3-2, R3-3 y R3-4 (ver infografía), afectados por la medida. Momentáneamente, los segmentos R3-1 y R3-2 (85.123 clientes) quedaron excentos hasta el 31 de agosto. Pero los segmentos R3-2 y R3-3 suman 59.801 usuarios que no se salvaron de ninguna.

Impuestazo y tarifazo. Es necesario diferenciar entre este impuesto y el incremento tarifario, que igualmente afecta a miles de santafesinos. Hasta noviembre del año pasado, todos los usuarios pagaban una tarifa plana de 0,126828 peso por metro cúbico, igual para todos. A partir de ese mes, el Enargás segmentó a los usuarios, creó una serie de categorías y estableció un aumento de la tarifa que rige para quienes consumen más de mil metros cúbicos por año. Más consumo, más aumento porcentual.
   Pero al mismo tiempo se creó el Fondo Fiduciario, que estableció el nuevo impuesto, y que se agrega al incremento del servicio propiamente dicho. Los dos segmentos de menor consumo incluidos en este gravamen quedaron exentos del pago del impuesto hasta el 31 de agosto.
    Por dar un ejemplo, según los cálculos hechos por la oficina que depende del Concejo Municipal de Rosario, una familia en el segmento R3-3 (entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por año), pagaría una boleta de 145 pesos con los cargos tradicionales. El cálculo está hecho de acuerdo a la categoría y teniendo en cuenta la época de mayor consumo. Pero a esto se le agregan 90 pesos de fondo fiduciario, lo cual le eleva la boleta a 253 pesos. El incremento es de algo más del 60 por ciento, y del 217 por ciento respecto al costo del servicio antes de noviembre.
    Los que tuvieron incremento de tarifa pero no se les aplicó en fondo fiduciario sólo sienten el incremento por la segmentación, pero sentirán el impuesto después de la prórroga.

Afectados. Uno de los argumentos oficiales es que el fondo fiduciario afecta a los sectores de mayores recursos que son los que más consumen. Pero para Muñoz está lejos de ser así. "Hay jubilados que viven en casas antiguas con techos altos que necesitan gas para calefaccionarlos, grupos numerosos o familias que comparten medidores, ya sea porque viven bajo el mismo techo o porque los hijos construyeron detrás de las casas de los padres, algo muy común las últimas décadas. Creemos que una familia promedio, aunque haga un consumo ahorrativo, no baja de los 1.200 metros cúbicos anuales", afirmó.
    "Esta es la paradoja de un
país que importa y exporta gas, pero que lo exporta a un precio menor al que lo compra y quienes financian estas malas políticas son los usuarios", se queja el presidente de la entidad.
    Néstor Trigueros, titular de la Oficina Municipal del Consumidor, no ahorra ejemplos, incluso entre allegados. "No es necesario tener pileta climatizada y calefacción central para consumir más de 1.500 metros cúbicos al año. Cualquier hogar de clase media está en ese promedio", dice, y aclara que "los que llevan realmente una vida suntuosa no gastan 1.500 al año, gastan 3 mil o 4 mil por bimestre", afirma.
    Ferraretto advierte que "los aumentos no son importantes todavía porque las facturas recibidas vienen de la época de más calor. En las más frías, que van desde mayo a septiembre, el consumo se incrementa entre un 70 y un 80 por ciento. Y como el incremento depende de los metros cúbicos consumidos, los usuarios se van a enterar recién ahora".
    Para ellos, esta es una afrenta al derecho de información. "No fuimos informados en tiempo y forma y no pudimos hacer una previsión en el consumo para poder racionalizarlo en función del mayor costo. Además, el cargo se crea para financiar eventuales importaciones de gas que no sabemos si se van a realizar ni en qué medida se harán".

Discriminatorio. Mientras tanto, provincias como Salta, Jujuy, Chubut y Tucumán tuvieron fallos de la Justicia Federal que habilitan a los usuarios a pagar las facturas del servicio de gas excluyendo el cargo cuestionado.
   Para el ex defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "existe una situación de desigualdad en el universo de usuarios del servicio de gas natural por redes, atento que ya sea por una orden judicial o por una decisión administrativa emanada del gobierno, una masa de usuarios de la misma categoría no pagarán el cargo, en tanto que otros en igual condición si se encuentran obligados a abonarlo".
    Entre los que no pagan figuran diez provincias (Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra el Fuego, La Pampa y Buenos Aires) que están exceptuadas del impuesto. A Santa Fe se la exceptuó sólo en dos categorías y temporariamente. Esto, para los defensores de los usuarios, resulta también discriminatorio. En palabras de Trigueros, "estamos subsidiando las excepciones que hizo el gobierno, y eso tampoco es justo".

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