Las cámaras ocultas, los reality y talk show, los programas de rumores y chismes de la farándula, significaron entrar por la mirilla para ver la intimidad del otro. Espiar la vida ajena y asistir al fenómeno en que la vida privada se hacía visible impúdicamente en la esfera de lo público. ¿Que diríamos ahora de la irrupción de lo privado en el espacio público? La videovigilancia: aceptar que una cámara instalada en cualquier esquina registre nuestros actos privados como cruzar la calle. La tendencia llegó a Rosario y el municipio junto con asociaciones comerciales del centro y los barrios pretenden colocar cámaras de seguridad en los corredores principales para monitorear los movimientos. La justicia piden regulación de este sistema.

"Hasta el momento no hay ley provincial ni nacional que haya regulado la videovigilancia en espacios públicos siendo que hay más de 10 mil cámaras en lugares públicos. Por ejemplo, en la plaza de Mayo y en el ferrocarril Mitre", contó a Radio 2, Oscar Puchinelli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Y añadió: "Todos requieren de una regulación".

Los sistemas de videovigilancia ponen al desnudo dos cosas: por un lado, el negocio de la privacidad y por otro, que por más pública que sea la calle el derecho a la intimidad se verá recortado en la vía pública con la presencia de las cámaras.

"Es un tema que ya se viene conversando con el problema que empezaron a generar las fotos tomadas por los radares. Cuando empezaron se armó un pequeño revuelo al sacar una foto de un automovilista que viajaba con otra mujer. La foto llegó a la casa junto con la multa y se desató el tema", explicó Puchinelli, quien remarcó que en países más desarrollados estos sistemas se implementan desde hace mucho tiempo pero con ciertos principios básicos y reguladores.

"Antes que nada hay que hablar de principios de proporcionalidad y de finalidad. Es decir, dónde se van a ubicar y porqué. Si responde a una política pública, de seguridad, a asegurar la convivencia urbana. Quién la instala por más que sea el Estado debe ser un órgano competente", explicó.

Por último, para la Justicia no hay que dejar de lado que "es necesario precisar cuánto tiempo se guardan esos datos ya que no se pueden guardar de por vida".