La Corte Suprema desempolvó tres viejos planteos judiciales contra la polémica reforma kirchnerista en el Consejo de la Magistratura.

Según el diario Clarín, el tribunal le pidió opinión al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y éste, tal como ya lo había hecho ante otros planteos similares, se pronunció la semana pasada a favor de la nueva conformación del cuerpo hecha hace tres años por el Gobierno, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, y a través de un proyecto de su esposa, la actual Presidenta y entonces senadora Cristina Fernández, el Gobierno redujo de 20 a 13 el número de miembros del Consejo.

La distribución de cargos le dio preeminencia al sector político y, dentro de éste, al oficialismo de turno, que tiene capacidad de veto tanto como promover la destitución de un juez como su propuesta de nombramiento.

Los expedientes analizados por el procurador volverán ahora al máximo tribunal, que estará en condiciones de discutir el asunto luego de que circule por los despachos de los siete ministros de la Corte. La definición no sería inmediata, según estimaron fuentes del tribunal.

Los tres viejos casos dictaminados por Righi fueron planteados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –en forma conjunta con el abogado Ricardo Monner Sans–, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con la diputada de esa agrupación Marcela Rodríguez.

Righi opinó ahora que Carrió y Rodríguez y Monner Sans carecen de "legitimación" porque no son directamente afectados por la reforma kirchnerista. Respecto de la ADC, se remitió a lo que dijo hace tres años cuando rechazó un planteo similar de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). Y en cuanto al reclamo del Colegio Público, el procurador dijo que si bien está legitimado para pedir la inconstitucionalidad de la reforma, ésta es válida por los argumentos que ya expuso en diciembre de 2006. Aquella vez, el procurador dijo que la reforma impugnada "no exhibe incompatibilidad manifiesta e inconciliable" con la Constitución Nacional. Además, sostuvo que el tema está fuera de la jurisdicción de la Justicia.

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