Pese a que el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, ordenó la clausura preventiva de la ex planta celulosa Massuh, el secretario de Comecio, Guillermo Moreno, la mantiene en funcionamiento.

Sin fajas de clausura ni presencia de alguna autoridad para controlar el cumplimiento de la orden judicial, las chimeneas de la papelera que administra Moreno, siguieron emanando humo. "La violación judicial es un desafío", consideró ayer el magistrado, según el diario La Nación, y se quejó por "el estado de impunidad que [había] en la provincia".

Según el matutno, en la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas bonaerense, organismo encargado de efectivizar la medida, no respondieron por qué no ejecutaron la orden judicial.

Según los empleados de la pastera, que ayer ingresaban y salían del predio cumpliendo con sus horarios habituales, el sector de procesamiento de papel "no estaba operando". Sin embargo, el juez Arias explicó que la medida afectaba a toda la actividad del predio fabril porque, según dijo, la papelera "no [tenía] ningún permiso de efluentes emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible".

Según trascendió, anteayer, al enterarse de la decisión judicial, el gerente general del fideicomiso y representante del Banco Nación, Fernando López, se comunicó con Arias para pedirle que no llevara a cabo la clausura. Ante la respuesta negativa, los integrantes de la dirección, excepto Moreno, según confiaron fuentes de la empresa, tomaron la decisión de continuar operando hasta que, en una audiencia prevista para esta semana, presentaran pruebas que contradijeran la denuncia radicada ante ese juez hacía un año.

Las denuncias contra la por entonces papelera Massuh se originaron en mayo de 2005, cuando los vecinos del lindero barrio José Hernández, de la localidad de San Francisco Solano, se movilizaron contra la empresa porque que crecía el número de personas que padecían alguna enfermedad respiratoria, distintos tipos de cáncer y erupciones en la piel, debido a la contaminación del agua del arroyo Las Piedras que, presumiblemente, provocaban los efluentes que vertía la papelera.
Tres cierres en dos años

Como consecuencia de la lucha de los habitantes, la planta sufrió, entre 2006 y 2007, tres clausuras. Pero siempre, y pese a que no cumplía con los requerimientos de seguridad ambiental, volvía a abrir.

Carlos vive a poco más de una cuadra de la Papelera Quilmes. "El verano pasado volví a vivir", contó ayer. Mientras la empresa estuvo paralizada, Carlos ya no perdía sangre por la nariz, ni tenía erupciones en la piel y dormía tranquilo. Ahora, dice que sus condiciones de vida volvieron a empeorar y se muestra furioso con el Gobierno. "Tiene que responder por esta porquería que nos está matando", se indignó.

El oficialista intendente de Quilmes, Francisco "el barba" Gutiérrez, se mostró disconforme con la decisión de Arias. "No se pueden hacer las modificaciones de buenas a primera, cuando la nueva administración hace sólo tres meses que se está acomodando", señaló el jefe comunal. "Me parece apresurado", dijo ante la consulta de este diario.

El juez había advertido que estaba incumplido un acuerdo firmado por la anterior autoridad, Massuh, en el que se comprometía a sanear el daño sanitario provocado por el funcionamiento de la planta a los vecinos de los barrios cercanos. "Cuando se hizo cargo el Estado, debía conocer la situación. Si no, es un vale todo."

El Gobierno tomó la iniciativa de hacerse cargo de la papelera, que hacía siete meses que no producía, a fines de mayo pasado, a través de un fideicomiso que administra Guillermo Moreno.

Los más de 400 trabajadores de la planta papelera tomaron un papel protagónico en la dirección de la empresa. Héctor Urbanovicz, uno de los delegados, insistió en que desde que asumieron la responsabilidad de la producción se hicieron readecuaciones en ciertos sistemas para mejorar la calidad ambiental, "pero no podemos cumplir con las promesas utópicas de Massuh". "¿Por qué no se actuó así antes?", se quejó.