1) Que el sistema de Justicia de la provincia de Santa Fe está colapsado y en emergencia, tal cual lo declaró el plenario de Colegios de Abogados reunido en Rafaela el 6 de marzo de 2009, lo reafirmó el realizado en Venado Tuerto el 11 de septiembre y coincide en este punto con el pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura de mayo de este año.
2) Tal emergencia responde a varias razones, entre ellas la cantidad de vacantes de magistrados y funcionarios judiciales. Esta situación se repite en toda la provincia y alcanza extrema gravedad en el distrito de Melincué de la Tercera Circunscripción Judicial, que carece de juez en todos los juzgados.
3) Es moroso el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar las ternas de candidatos a juez para proponer al gobierno, lo cual agrava el problema en lugar de contribuir a solucionarlo. Es imprescindible una reforma que lo dote de agilidad y mejore la representación de la abogacía organizada.
4) El presupuesto del Poder Judicial es insuficiente y preocupa que el asignado para el año en curso se repita el próximo, como se ha dejado trascender. Es imprescindible una actualización que contemple las reales necesidades y ayude a salir del rumbo que conduce inexorablemente a la denegación de Justicia.
5) Es de temer que el colapso del sistema judicial se agrave con motivo de los feriados de fin de año seguidos de la feria anual, que disminuyen considerablemente la dotación de magistrados, funcionarios y personal, con la consiguiente demora de los trámites.
6) A ello se suma la carencia de adecuados métodos de gestión del Poder Judicial, por lo cual se exhorta a la superintendencia a redoblar esfuerzos con los métodos limitados a su alcance, arbitrando las suplencias y extensiones horarias que resulten menester.
7) Finalmente, y a los efectos de buscar no sólo paliativos sino soluciones al cuadro de situación planteado, se solicitará urgente audiencia al gobernador de Santa Fe así como a los presidentes de las cámaras legislativas y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
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