El Consejo Constitucional validó la parte esencial de la polémica y modificada ley francesa contra el intercambio de archivos en Internet, tras el recurso que los socialistas presentaron a finales del mes pasado.

El texto de la ley, conocida como ‘Hadopi 2’, otorga a los magistrados la potestad de suspender el acceso a Internet a las personas titulares de una línea desde la que se efectúen descargas no autorizadas repetidamente.

El ministro de Cultura, Frédéric Miterrand, señaló que los primeros mensajes de advertencia a los usuarios que descarguen contenidos audiovisuales ilegalmente comenzarán a enviarse a principios de 2010.

Los miembros del Consejo, que estiman como constitucional el grueso de la ley, han censurado no obstante el artículo del texto que permitía a los jueces fijar la cuantía de los daños y perjuicios para los titulares de los derechos de propiedad intelectual, ya que eso debe ser sancionado por ley.

Esto deberá articularse mediante un nuevo texto que deberían votar los parlamentarios franceses, que tendrán que establecer las normas aplicables para esas indemnizaciones.

El recurso presentado por el Partido Socialista argumentaba que no se puede recurrir al código penal contra los que intercambian porque atentaría contra su derecho de defensa.

Después de un agitado trámite parlamentario -la ley inicialmente fue rechazada porque el grueso de los diputados de la mayoría gubernamental adelantaron sus vacaciones y no votaron el texto- también fue rechazada una vez por el Consejo Constitucional.

Este organismo, compuesto por nueve expertos o "sabios" constitucionales, estimó el pasado mes de junio que no podía ser una autoridad administrativa la que cortase el acceso a Internet, sino que debía ser un juez el que determinase la sanción.