El Jurado de Enjuciamiento tomó conocimiento del pedido de desafuero enviado por el juez federal Norberto Oyarbide sobre los magistrados misioneros Horacio Gallardo y José Luis Rey, a quienes quiere indagar por haber autorizado escuchas telefónicas al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein y a una decena de empresarios y abogados supuestamente involucrados en causas de homicidio en los que no tenían nada que ver, 
de acuerdo a la web Misiones Online.
Los integrantes del Jurado decidieron esperar a que haya más que un fax de Oyarbide para analizar qué posición tomar, pero no se descarta que aun si se rechaza el pedido de desafuero, por estar mal planteado, se avance en una investigación sobre el desempeño de ambos magistrados.
Hasta ahora Oyarbide envió apenas un fax para sustentar su pedido de desafuero, lo que a criterio del Jurado -conformado por Rubén Uset, Cristina Leiva, Humberto Schiavonni, José Garzón Maceda, Roque Gentile, Gustavo Enrique Staude y Carlos Augusto Bobadilla-, es inadmisible.
Sin embargo, atendiendo la magnitud del escándalo, se resolvió esperar a que envíe el pedido formal para decidir qué pasos a seguir.
Aunque en la práctica, el planteo sería invalidado por no ser un habitante misionero, podría avanzarse en la investigación a los magistrados, en paralelo a la investigación interna que ordenó el Superior Tribunal de Justicia y la causa que lleva adelante el juez Fernando Verón, quien ratificó su competencia.
Oyarbide ya procesó a varios policías misioneros por ser los nexos con el espía Ciro Gerardo James, quien era el que plantaba los números para ser intervenidos y está preso junto al comisario retirado Jorge ‘Fino’ Palacios, quien era el jefe de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri.
Palacios tuvo que renunciar por las presiones de familiares de la AMIA que repudiaron su designación, y fue procesado por encubrimiento en la causa. El mismo destino corrió su sucesor, Osvaldo Chamorro, quien espiaba a funcionarios PRO y a legisladores de la oposición.
Según Misiones Online, el gobernador Maurice Closs reiteró que sigue el proceso de investigación por las escuchas telefónicas con mucha preocupación y reiteró que "los jueces misioneros deben facilitar el acceso a la justicia y que se llegue a la verdad".
El escándalo fue calificado por el mandatario como un "despelote fenomenal, que figura al día de hoy como uno de los principales temas de la agenda nacional".
Closs, remarcó su límite para actuar en el caso, pero insistió en que los jueces misioneros deben buscar facilitar el acceso a la justicia y que se llegue a la verdad. "No podemos negarlo, hay políticos sorprendidos por esto y la mayoría de las escuchas surgieron por orden de jueces misioneros. Lamentablemente tiene a Misiones de refilón, pero metido en uno de los principales problemas de la agenda pública nacional al día de hoy".
En tanto, el Juzgado de Instrucción Nº3 de Misiones, a cargo del juez Fernando Verón, volverá a solicitarle al juez federal Norberto Oyarbide el traslado de Ciro James, imputado en la causa por las escuchas ilegales a Sergio Burstein, referente de la entidad "Familiares y Amigos de la Masacre de la AMIA".
Así, el magistrado, que lleva adelante la investigación paralela sobre el caso, reiterará el pedido realizado el lunes pasado a Oyarbide, quien mediante oficio librado este jueves al juzgado de Misiones negó la autorización del traslado de James argumentando "el resguardo de su integridad física".
Sucede que en la causa se encuentran imputados cinco miembros de la Policía de Misiones y es esa fuerza la encargada de trasladar a James desde Buenos Aires.
Ahora, el juez de Misiones afimó al CIJ que "resulta imperioso escuchar a James" por lo que reiterará el pedido para que se efectivice el traslado "por medio de las fuerzas de seguridad que el juez federal estime convenientes".
Renuncia
"(…) En los corrillos porteños, el día del alejamiento de Palacios se comentaba que "el Fino escribió una renuncia explosiva". A medida que pasaron las horas, el macrismo cerró filas y nunca difundió el texto de la renuncia de Palacios. La explícita decisión de armar la fuerza gambeteando el corset de la ley 2894 de Seguridad Pública sorprende en la pluma de Palacios. En el segundo párrafo, el comisario da por tierra con la versión oficial de su paso al costado: "Las razones que sustentan mi decisión son de carácter esencialmente institucional".
A lo largo de cuatro carillas, el policía elegido por Macri detalla "las limitaciones legales" que considera que impiden el desarrollo de la nueva policía. Se queja por "el sistema progresista" del marco normativo ideado por la Legislatura y apunta las críticas contra el Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Guillermo Montenegro.
El comisario retirado de la Policía Federal, que está en un pabellón especial de la prisión de Marcos Paz, lamenta también la imposibilidad de disponer de autonomía para manejar su presupuesto y precisa que:
– "En la actualidad sólo vemos como concreción después de casi seis meses de esfuerzo, un buen salario, lo que genera en el personal que ha sido seleccionado, cierto grado de intranquilidad cuando a fines del mes de agosto, advierte que no se han hecho concreciones que permitan que la policía puede comenzar a operar en el mes de octubre como ha sido publicitado".
– "El manejo de prensa que se efectúa desde el ministerio, no es el más conveniente para el accionar policial. Se ha generado en la comunidad una amplia expectativa basada en el equipamiento que tendrán los nuevos policías y sus posibilidades de actuación a corto plazo. Hoy muy próximos al mes de octubre, nada de eso existe. Elementos que, sin lugar a dudas, se volverán en contra del proyecto".
Palacios reclamaba para sí el manejo de todas las imágenes de las cámaras que se están instalando en la ciudad, así como "el control de las agencias de policía privada, ya que una política de seguridad global no sólo impone el esfuerzo público y el privado, sino que también debe conocerse el marco de referencia en el que actúan las mismas y de sus hombres, su honestidad, capacidad e idoneidad". (…)".
