El magistrado argumentó que los artículos artículos 41 y 161, dos de los más controvertidos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, "menoscaban derechos constitucionales".

El primero de los artículos cuestionados es el que declara intransferibles las licencias y acciones de empresas de comunicación audiovisual y sólo acepta su venta con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación en la que el oficialismo tiene una mayoría de cinco directores sobre un total de siete. El segundo es el que fija un plazo máximo de un año para que los propietarios de medios se adecuen a los límites que establece la Ley en cuanto al número de licencias que pueden tener.