Así lo decidieron ayer los cincuenta fiscales de esta especialidad de los juzgados españoles, reunidos en Santiago de Compostela en su encuentro anual. El fiscal jefe de seguridad vial, Bartolomé Vargas, señaló que la medida trata de mejorar la protección «hacia los más débiles», entre los que incluyó no sólo a los menores, sino también a los discapacitados, ancianos, ciclistas y motoristas. Según los fiscales españoles, la responsabilidad de que un menor viaje en un vehículo con el cinturón o el dispositivo de retención adecuado pertenece al conductor, porque el niño está en una «absoluta indefensión» y no tiene consciencia de la importancia de los sistemas de seguridad. Con todo, los fiscales estuvieron de acuerdo en que la imputación al conductor de un delito de homicidio o lesiones imprudentes debe ser el «último recurso», no la norma general, y acordaron que los casos se remitirán a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores cuando los infractores sean los padres. Vargas lamentó que más de la mitad de los menores fallecidos en accidentes de tráfico en España en 2008 carecían del cinturón de seguridad y concretó que de los 76 niños muertos el año pasado en las carreteras españolas, 40 no llevaban sistemas de retención. Los fiscales también concluyeron que se podrá imputar de «homicidio» a los conductores en caso de accidente mortal si se comprueba que el vehículo tenía los frenos o neumáticos deteriorados.
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