La Corte Suprema de Justicia intervino la gestión de la Oficina de Subastas del Poder Judicial para impulsar un proceso de transparencia en una actividad sospechada de irregularidades, por las que los bienes rematados irían a parar a manos de una mafia conocida como la "liga de compradores".

Según informó El Cronista Comercial, como primera medida, la Corte recuperó la actividad de subastas de bienes para ejecutar sentencias judiciales, la que -según fuentes del máximo tribunal- habría estado prácticamente "privatizada" y en manos de corporaciones de martilleros.

De hecho, hasta hace pocos días las subastas de inmuebles, muebles, derechos, acciones, valores mobiliarios o semovientes se realizaban en la sede de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, en Perón 1233, Capital.

La Corte ya mudó las subastas a un inmueble propio del Poder Judicial que está ubicado a pocas cuadras del shopping de Abasto.

La nueva sede de la Oficina de Subastas tiene, a pedido de la Corte, una fuerte custodia policial y sistemas electrónicos de control de portación de armas, consignó el matutino.

Esa medida es fundamental para asegurar la integridad de los martilleros -y por lo tanto, la transparencia de los remates-, ya que los integrantes de la "liga" habrían ingresado habitualmente al recinto de subastas haciendo ostentación de armas de fuego y acompañados de "patovicas", resaltó El Cronista Comercial.

Las subastas realizadas en las cinco nuevas salas serán filmadas desde todos los ángulos, y las grabaciones estarán a disposición del juez interviniente durante 3 meses.