Ana Meiners violó ordenanzas y retuvo indebidamente fondos del Concejo. Los ediles no cobran desde hace siete meses.

La intendenta de Esperanza, Ana Meiners puede terminar explicando ante un juez por qué violó leyes vigentes para retener indebidamente fondos que posibilitan que el Concejo Municipal de Esperanza se autogestione.

Rafael Antonio de Pace, Andrés Javier Grenón, Cristian Ricardo Cammisi y Norma Andrea Martínez, todos concejales radicales de la ciudad de Esperanza, denunciaron la semana pasada ante la Fiscalía penal de turno a la intendenta esperancina, a su Secretario de Hacienda Víctor Dusso y al de Gobierno, Luciano Anza.

En la presentación judicial, los ediles relatan los antecedentes y hechos que los obligaron a denunciar en sede penal el accionar de Meiners. Los argumentos podrían sintetizarse del siguiente modo: El 30 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal de Esperanza sancionó la Ordenanza Nº 3588/09, mediante la cual hizo efectiva su autonomía e independencia operativa y administrativa. La norma dispuso la obligación del Municipio de transferir las partidas presupuestarias correspondientes para garantizar el normal funcionamiento del Concejo, estableciéndose, a su vez, las fechas y modo en que éstas transferencias deberían realizarse. Asimismo, dispuso que las transferencias se realizarían a partir del 1º de enero del corriente año "…siendo su monto mensual el resultante de dividir el Presupuesto total aprobado y vigente del H.C.M. por doce (12).- El treinta por ciento (30 %) de la suma citada deberá ser depositada, en la cuenta bancaria habilitada a tal efecto, entre los días 1 y 5 de cada mes a fin de garantizar el pago de los sueldos del personal dependiente del este Cuerpo Legislativo, en tanto que el setenta por ciento (70 %) restante deberá depositarse antes del 21 de cada mes" (art. 3, Ordenanza Nº 3588). La normativa también establecía que los fondos debían ser depositados en una cuenta especial a nombre del Concejo. La ordenanza fue notificada y recibida por el municipio el mismo día, es decir el 30 de diciembre pasado.

El 15 de enero, la norma aprobada por los concejales fue vetada -por decreto- por Meiners, , haciendo uso de sus facultades establecidas por ley. Un día después, y por unanimidad, el Concejo sancionó una resolución mediante la cual rechazó el decreto de Meiners y confirmó la ordenanza, utilizando las herramientas que le brinda la ley vigente en cuanto a las reconsideraciones de las ordenanzas. La intendenta fue notificada de la Resolución el 18 de enero. Pero lo realmente ilegítimo e ilegal se iba a conocer el 25 de enero: Meiners firmó un decreto en el que dispuso no promulgar ni publicar la ordenanza y, peor aún, declaro nula la ordenanza legalmente sancionada.

Como La intendenta no publicó la ordenanza, los ediles decidieron hacerlo en un periódico local y en el Boletín Oficial de la provincia. Pese a las intimaciones y al tiempo transcurrido, las partidas para el normal funcionamiento del Concejo nunca se transfirieron, pese a que la norma aprobada y ratificada está -legalmente – vigente.

Los ediles entienden que con su conducta Meiners habría cometido tres delitos bien tipificados: Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, Malversación de caudales públicos (posiblemente agravada) y Ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo. La denuncia fue recepcionada la semana pasada por la fiscal subrogante Mariela Jimenez,q ue también está a cargo de la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe.

Un gestión sin consenso

Desde que asumió en diciembre de 2007, el gobierno de Meiners estuvo signado por las críticas y el desgobierno. Ya no le queda ni uno de los originales integrantes de su gabinete de gestión. El último en renunciar fue Mariano Schmith, en la Secretaría de Obras Públicas. En total, los 13 miembros de su tropa inicial se fueron, corridos o espantados por la jefa.

La intendenta suele pedir al gobierno provincial un auxilio económico, pero fue su propio partido (PJ) el que impidió en la Legislatura la sanción de una reforma tributaría que permita que los que más tienen paguen más. Así, por ejemplo, pudo su gestión haber contado con más recursos para paliar la crisis financiera.

Peleada con los reutemanistas y obedidistas, busca refugio en los justicialistas vinculados al Frente Para la Victoria, pero no le ha servido de mucho. Los concejales del PJ en Esperanza ya empezaron a criticarla públicamente y dicen por lo bajo que "así, el radicalismo vuelve al gobierno sin transpirar".