El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, junto a funcionarios de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, continuó hoy en Rafaela la ronda de reuniones informativas sobre el llamado a concurso para seleccionar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, en el marco de la reforma del sistema procesal penal.

Las charlas informativas con la prensa y con los operadores del sistema se proponen como un espacio abierto a las consultas sobre las figuras y roles del nuevo sistema y acerca de la modalidad del concurso.

El recorrido se inició ayer en Rosario y continuará, de modo de cubrir las cinco regiones de la provincia, este viernes a las 17 en el centro cívico de la Región 5 – Nodo Venado Tuerto (9 de julio 1785). Luego, el lunes 26 a las 16, se realizará una reunión informativa en el salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe (3 de Febrero 2649) y el miércoles 28 en el Centro Cívico de la Región 1 – Nodo Reconquista, ubicado en bulevar Irigoyen 1450.

NUEVAS INSTITUCIONES

Durante su disertación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que "llevar adelante la reforma procesal penal en la provincia implica organizar dos nuevas instituciones que se han creado por ley -leyes que se aprobaron por unanimidad en la legislatura santafesina-, es decir el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal. El primer órgano tendrá a su cargo la investigación y la persecución penal de aquellos sospechados de cometer delitos, tendrán que acusarlos y tratar de ganar los juicios penales. Por otra parte, a aquellos imputados que no tengan abogado de confianza o particular, el Estado les tiene que proveer uno, de esto se encarga la Defensa Pública".

Superti destacó que "estas instituciones tienen que lograr la mayor eficacia posible y debe haber un equilibrio entre ambas. Este modelo se llama adversarial porque todo se debate y discute entre las partes: el tribunal presencia el debate y debe dictar sentencia".

Los 12 funcionarios seleccionados -el fiscal general y el defensor provincial, así como los cinco fiscales y defensores regionales- tendrán que organizar las instituciones y dirigirlas.

"Estos concursos tienen características propias ya que los tribunales evaluadores no están integrados solamente por los estamentos tradicionales que participan del Consejo de la Magistratura (colegios de abogados y magistrados y universidades públicas), sino que se les va a sumar en el caso de los cargos regionales un fiscal o un defensor que haya ejercido ese cargo a nivel nacional, y en el caso del fiscal general y el defensor provincial se sumarán además representantes de organismos internacionales. Concretamente, en el caso de la Fiscalía habrá un delegado del Ceja, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y va a venir de Chile, y en el caso de la Defensa habrá representantes del Instituto Latinoamericano para la Prevensión del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), que depende de Naciones Unidas y van a venir de Costa Rica", especificó el titular de la cartera de Justicia.

"El procedimiento es muy transparente y complejo", destacó el ministro. "Primero habrá un concurso público con un jurado, en el cual no participa el poder Ejecutivo. De ahí va a surgir una terna obligatoria para el gobernador, que tendrá que elegir al candidato necesariamente de esa terna, y luego mandar su pliego a la Asamblea Legislativa para el acuerdo, en la cual hoy el oficialismo no tiene mayoría. Quiere decir que el proceso responde a la búsqueda de transparencia y de excelencia de los encargados de poner en marcha estas instituciones", detalló.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó luego que "todo este proceso de transformación implica una gran apertura a la sociedad. Fundamentalmente la diferencia con el sistema viejo es la participación ciudadana, la coherencia y la racionalidad en la persecución penal. A partir de que se pongan en marcha las nuevas instituciones, sus responsables tendrán a su cargo diseñar políticas para la persecución penal y para la defensa. Y esto se va a hacer ante la mirada de la comunidad, a tal punto que se han creado consejos tanto en la Fiscalía como en la Defensa, donde participan ONGs y municipios, entre otros, y ante ellos van a tener que rendir cuentas periódicamente de cómo se están llevando adelante estas medidas", dijo.

Superti también mencionó que "los concursos tendrán una prueba de oposición pública y con participación ciudadana: cada candidato presentará al momento de la inscripción su plan de trabajo por escrito, como si fuera una plataforma de cómo haría las cosas de acuerdo a lo que dice la ley. En el momento de la audiencia pública tiene que defenderlo y contestar preguntas no sólo del tribunal sino también de la gente, por lo tanto todos ya comenzamos a participar de la construcción de un instituto que apunte a que la respuesta del Estado frente al delito sea la más efectiva y la más racional".

De la reunión en el Colegio de Abogados de Rafaela participaron, además de su presidente, Carlos Cordero, funcionarios del Poder Judicial, autoridades de la Municipalidad local y abogados del foro.

SOBRE LOS CONCURSOS

Los cargos a cubrir son 12, según el decreto Nº 346/10. Para el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal general y cinco fiscales regionales (uno por cada circunscripción en las que está dividida la provincia); y para el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el defensor provincial y los cinco defensores regionales.

El 26 de julio comienza la inscripción a los concursos. Las solicitudes de inscripción y los antecedentes se recibirán oportunamente en las sedes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Santa Fe, en el segundo piso de Casa de Gobierno, 3 de Febrero 2649, de 10 a 14. En Rosario, en la planta baja de la delegación del gobierno provincial, Santa Fe 1950, de 7:30 a 13.

Pueden realizarse consultas al teléfono (0342) 457-3038/39 o por correo electrónico a tpenal@santafe.gov.ar Más información, como requisitos y conformación de los tribunales evaluadores, en www.santafe.gov.ar

SOBRE LAS NUEVAS INSTITUCIONES

El Ministerio Público de la Acusación será ejercido por el fiscal general y los demás órganos contemplados en su ley orgánica. La misión que tiene a cargo es la de ejercer la persecución penal pública: promoverá y ejercerá la acción penal, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria para demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva.

El fiscal general es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Tiene como funciones y atribuciones el determinar la política de la institución, fijar los criterios para el ejercicio de la persecución penal e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio.

Además, organiza la estructura administrativa de las distintas unidades fiscales y de los órganos de apoyo que no pertenezcan a la órbita exclusiva de una Fiscalía Regional, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias.

Los fiscales regionales son cinco, uno por cada circunscripción judicial. Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable de su buen funcionamiento. Deben dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas. Además, impartirán instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz. Por otra parte, fijarán los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación, promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.

En tanto el Servicio Público Provincial de Defensa Penal proporciona servicios de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal y a las personas condenadas hasta la extinción de la pena. Actuará siempre que la persona sometida a un proceso penal se niegue o no pueda designar un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone.

El Defensor Provincial dirige y representa al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y es responsable de su organización y buen funcionamiento, en tanto habrá cinco defensores regionales, uno por cada circunscripción judicial. Cada defensor regional es la máxima autoridad institucional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en su circunscripción y responsable de su buen funcionamiento.